La Mesa del Congreso ha suspendido finalmente a los diputados presos. Esta decisión se ha tomado tras el informe elaborado por los letrados del Congreso a propuesta de la Mesa de la Cámara que ha avalado la suspensión de los cuatro diputados en prisión preventiva por el proceso independentista en Cataluña por aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según han informado fuentes parlamentarias.
Así se suspende en sus funciones parlamentarias a Oriol Junqueras (ERC), y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de JxCat.
Los letrados del Congreso defienden que la suspensión como diputados de los cuatro presos preventivos por el procés debe realizarse en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y no del Reglamento del Congreso, pero, a la vez, abren la puerta a que la Mesa de la Cámara les suspenda sin que medie ninguna otra comunicación del Supremo, lo que podría suceder este mismo viernes.
El documento, recogido por Europa Press, subraya que no es de aplicación en este caso el artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara porque no se da uno de los tres requisitos que éste fija para que la Mesa proceda a la suspensión de un diputado.
En concreto, el requisito que no se da es el de que la Cámara haya autorizado la concesión de un suplicatorio para que el Tribunal Supremo abra una investigación sobre los diputados afectados por la suspensión.
El Supremo no tuvo que pedir ningún suplicatorio a la Cámara porque cuando se inició la investigación sobre el 'procès' Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull, y Jordi Turull (Junts per Catalunya) no eran diputados del Congreso.
Los letrados reconocen que sí se cumplen los otros dos requisitos para la suspensión automática que establece el 21.2 del Reglamento: que exista un auto de procesamiento contra los afectados y que estén en prisión preventiva.
«En cambio, resulta de aplicación en este caso el artículo 384 bis de la LeCrim», subraya el informe. Este precepto establece que «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviera ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
No obstante, los letrados señalan que la Mesa del Congreso «debe proceder a determinar que se da el supuesto de hecho» mencionado en el 384 bis de la LeCrim, «aunque no le haya sido así comunicado por el Tribunal Supremo, ya que se mantiene la situación de prisión provisional de los procesados». Es decir, abre la puerta a que la Mesa pueda actuar sin que medie ninguna comunicación del Supremo.
«Por ello, -subrayan los servicios jurídicos- corresponde a la Mesa del Congreso declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo» a los cuatro diputados procesados por el Tribunal Supremo, así como «señalar el alcance de esta suspensión mientras dure la situación de prisión, adoptando las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal».
Así las cosas, el informe faculta a la Mesa no sólo a acordar la aplicación «ex lege» o «por imperativo legal» del citado artículo de la LeCrim, sino también a fijar los efectos de la misma, que no implican sólo a los «derechos y deberes» de los diputados suspendidos, sino también bien a la Cámara en su conjunto.
Es decir, el órgano de gobierno de la Cámara tendrá que determinar «el número de miembros de derecho de la Cámara durante el tiempo que dure la suspensión, a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta, de la determinación de la composición de los distintos órganos, de la fijación de cupos, etc».