La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de dos años y medio de prisión, más diez años de inhabilitación para el empleo de cargo público, para el expresidente valenciano Francisco Camps por delitos de fraude y prevaricación administrativa en el caso de los supuestos amaños en la adjudicación de la Generalitat a la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009.
Tras una instrucción de algo menos de un año en la Audiencia Nacional, Camps fue procesado a principios de este mes una vez que el juez José de la Mata constató que existe «un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market».
Aunque el magistrado proponía juzgar al expresidente por un delito de prevaricación, también dejaba la puerta abierta a una imputación más amplia en esta pieza 5 del 'caso Gürtel', ya que hasta ese momento le había investigado también por fraude. Y estos son precisamente los dos delitos que Anticorrupción ha incluido en su escrito de acusación.
Para el procesamiento y acusación del exdirigente 'popular' ha sido determinante la declaración que prestó en sede judicial el que fuera máximo dirigente de Orange Market,
Álvaro Pérez Alonso 'el Bigotes', ya que dio detalles sobre «las circunstancias, la forma, el tiempo y el modo en que tal influencia directa se produjo y la participación que Camps tuvo en la misma», en palabras de De la Mata.
Al igual que el juez, Anticorrupción considera que Pérez Alonso y Camps mantenían una «fluida relación» desde el año 2003 por ser el primero «la persona responsable de la organización de los eventos del PP en la Comunidad Valenciana y de la proyección de la imagen pública» del expresidente valenciano.
Y así fue cómo, según el escrito del fiscal, Camps facilitó a 'El Bigotes' el «acceso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de Fitur y de otras ferias y eventos», quienes «siguiendo instrucciones» del entonces presidente posibilitaron que Orange Market «obtuviera ilícitamente contratos de publicidad, de organización de congresos, ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat».
Es lo que ocurrió en las ediciones de Fitur. En la del año 2009, que es la que aquí se ha investigado, Pérez Alonso y Cándido Herrero, gerente de Orange Market, bajo la «superior dirección» del líder de la Gürtel, Francisco Correa, y el que era su 'número dos', Pablo Crespo, «se concertaron» con Camps para que éste, «como máxima autoridad autonómica», dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del stand de Grandes Proyectos de la feria de turismo fuera directamente adjudicado a Orange Market, al margen del procedimiento legal.
El fiscal subraya además que esta presunta colaboración entre Camps y la trama, impulsada también por la «elevada deuda» que había adquirido el PP con las empresas de Gürtel, incluía que la «adjudicación ilícita» no la asumiera la Agencia Valenciana de Turismo como hasta entonces, sino directamente Presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro directivo «bajo la autoridad del presidente».
Así, y tal y como reconoció el propio 'Bigotes' en sede judicial, éste llevó a cabo «todo un conjunto de actuaciones previas para lograr que Francisco Camps diera verbalmente instrucciones» a la entonces directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, para que se le adjudicasen a Orange Market los trabajos relativos al montaje del referido stand de Grandes Proyectos. E Ibars, a su vez, trasladó a Pérez Alonso la «información precisa sobre cuáles serían los expositores participantes y las necesidades concretas para su producción y montaje».
Estos expositores fueron El Consell Valencià de L' Esport, la sociedad pública Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A., la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Sociedad Valenciana, la Fundación 'La Luz de las Imágenes', la Fundación Palau de les Arts 'Reina Sofia' y las sociedades mercantiles de participación pública Sociedad Parque Tecnológico de Valencia S.A., Ciudad de la Luz S.A., Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A. y Aeropuerto de Castellón S.L.
Según Anticorrupción, «Ibars presentó a los gestores de Orange Market, acompañados de su diseñador Juan Sanz, como las personas con las que los expositores tenían que organizar el montaje de su parte correspondiente del stand, a sabiendas de que no tenía competencia alguna para adjudicar dicha contratación», explica el escrito del fiscal, que eleva a 366.529 euros el coste del stand.
Ibars cumplía así, afirma el escrito del fiscal, «únicamente con la voluntad y con las instrucciones impartidas en tal sentido, sin ostentar tampoco competencia alguna en materia de contratación, por el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps».
Tal y como ya dijo el juez instructor en su auto de procesamiento, «todos se confabularon para adjudicar los contratos a la empresa que Camps había decidido que asumiera la ejecución de este contrato». «No pudo haber una situación de confusión, error, o de interpretación normativa alternativa. Estamos ante una situación de ilegalidad manifiesta que Camps conocía», apuntó.