El Gobierno ha advertido al buque humanitario Open Arms de que si retoma los rescates de migrantes que están a la deriva en el mar Mediterráneo puede ser sancionado con multas de hasta 901.000 euros. Asimismo, le ha avisado de que podrá ordenar su regreso a puerto español «para hacer efectiva» su paralización en el caso acometa operaciones de búsqueda y salvamento sin tener autorización.
Así se refleja en una carta remitida el pasado 27 de junio al capitán del barco y que está firmada por Benito Núñez Quintanilla, el director general de la Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento.
En la misiva, la Marina Mercante avisaba al barco de las «infracciones» que implica su «pretensión de retomar rescates», después de que la ONG decidiera poner rumbo de nuevo al Mediterráneo central para rescatar a personas a la deriva, a pesar de que solo cuenta con la autorización de proporcionar ayuda humanitaria.
El buque, de bandera española, no tiene permitido navegar ni realizar búsquedas activas en la zona SAR de salvamento y rescate del Mediterráneo central. Así se lo recuerda el Gobierno al capitán del Open Arms en la comunicación enviada, en la que también precisa que «las operaciones de salvamento que sean de carácter espontáneo u ocasional con motivo de la navegación normal del buque» estarán sujetas al cumplimiento de la normativa sobre salvamento marítimo. Es decir, si el barco durante su trayecto encuentra a personas «en peligro» en el mar, deberá asistirlas.
En dicha carta, la Marina Mercante advierte al buque de que «le podrá ser ordenado su regreso a puerto español para hacer efectiva la paralización» en el caso de que persista en la conducta «de acometer operaciones de búsqueda y salvamento sin dar cumplimiento a lo exigido normativamente».
Asimismo, avisa de que los incumplimientos «constituirán infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo», que pueden sancionarse «cada una de ellas con multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros, respectivamente», con arreglo al texto refundido de la Ley de Puestos del Estado y la Marina Mercante. «Son multas muchísimo más altas que las de Italia», ha añadido Montes, preguntada sobre estas sanciones.
Además, la Marina Mercante advierte al capitán de que si comete infracciones «graves o muy graves contra la seguridad marítima» se podrá declarar la suspensión del título profesional español.
La respuesta de la ONG
En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la jefa de misión de ProActiva Open Arms, Anabel Montes, ha denunciado que el Gobierno «no solo da la espalda» a las ONG de salvamento de migrantes que están a la deriva en el mar, sino que las «amenaza» con multas. «El Gobierno de España está poniendo precio a la vida de estas personas, y esto no va a hacer que paremos», ha sentenciado.
«Si tenemos que decidir entre ser cómplices de asesinato de personas o multas, nuestra decisión es muy clara (...) Preferimos ser presos antes que cómplices y no nos van a parar», ha incidido. Para Montes, «es indiferente» la cuantía de la multa que imponga España por realizar una «búsqueda activa» de personas a la deriva en la zona de salvamento y rescate del Mediterráneo central, aunque ha recalcado que las penas económicas son «muchísimo» más elevadas que las de Italia. «Lo que implica es que se pone precio a un número de vidas», ha lamentado.