La Fiscalía belga aboga por entregar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por los delitos que recoge la euroorden en su contra, sedición y malversación, avanzó uno de sus abogados, el belga Simon Bekaert.
Bekaert señaló que este posicionamiento de la Fiscalía, en línea con la petición del Tribunal Supremo español, figura en alegaciones escritas ya presentadas ante la vista sobre la euroorden reactivada contra Puigdemont, convocada para este martes ante un tribunal de primera instancia en Bruselas.
Según el letrado, la Fiscalía cree que «a primera vista» Puigdemont puede ser entregado a España por estos dos delitos, para los que según la normativa de la euroorden debe encontrarse una equivalencia en los códigos legales belgas.
La defensa del expresidente de la Generalitat señaló en todo caso que mañana pedirá un aplazamiento de dicha vista para poder presentar observaciones por escrito.
Puigdemont está citado a responder a puerta cerrada ante un tribunal neerlandófono de la Cámara del Consejo por la euroorden reactivada contra él por el Tribunal Supremo español por presuntos delitos de sedición y malversación tras publicarse la sentencia sobre el referéndum secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
No obstante, el letrado confirmó que mañana solicitarán al juez un tiempo adicional para presentar alegaciones por escrito sobre asuntos como la inmunidad parlamentaria que alega Puigdemont como miembro electo del Parlamento Europeo, algo que rechazan la propia Eurocámara, la Comisión Europea y España.
Bekaert se mostró confiado en que el juez concederá este aplazamiento, que según sus cálculos podría posponer esta primera vista del proceso hasta el mes de diciembre.
Puigdemont acudirá mañana a las 09.00 horas (08.00 GMT) ante este juzgado de primera instancia para comparecer después de que el juez instructor dejara al expresidente de la Generalitat en libertad sin fianza pero con medidas cautelares, exigiéndole que declare una residencia fija, que esté a disposición de las autoridades judiciales en todo momento y prohibiéndole salir de Bélgica.
El tribunal decidirá si acuerda la entrega o no a España de Puigdemont, decisión ante la que cabe recurso en apelación, primero, y en casación, después.
El plazo normal del proceso es de un máximo de 60 días que pueden ampliarse a 90, si bien podría prolongarse excepcionalmente más allá de los tres meses.