La Audiencia Provincial ha ordenado a un juzgado de Madrid seguir investigando a Francis Franco, nieto del dictador, y a otras cuatro personas por un delito contra Hacienda a raíz de que la Agencia Tributaria detectase una ganancia «no justificada» de 427.588 euros por la compraventa de un inmueble en el año 2000.
En un auto del 18 de noviembre, la sección séptima estima el recurso de la Agencia Tributaria contra el archivo provisional decretado por el juzgado de instrucción número 24 el pasado mes de julio.
El procedimiento se inició con una denuncia de la Fiscalía contra cuatro personas, incluida Francis Franco, y la empresa Daroca 99, dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, por un supuesto delito contra la Hacienda «al resultar un fraude tributario cuantificado en 195.473 euros».
Según la Fiscalía, en un contrato de arrendamiento suscrito por Daroca 99 se identifica a Francis Franco entre sus «titulares indirectos» de la sociedad, que no presentó la declaración correspondiente al año 2000. El investigado, por su parte, niega tener dicha relación con la empresa.
Hacienda, por su parte, detectó «una ganancia patrimonial no justificada» de 427.588 euros correspondiente a la compraventa de un inmueble en Madrid.
La Audiencia de Madrid da la razón a la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, y considera que hay «indicios objetivos» para seguir con la instrucción.
En su auto explica que los investigados que han prestado declaración ante el juez han dicho que para comprar del inmueble se contó con la inversión de todos ellos y de préstamos de terceros, si bien achacan la falta de respaldo documental en un supuesto robo en las oficinas de un garaje.
Según una sentencia de la jurisdicción civil -recuerda el tribunal- Daroca 99 fue condenada a pagar una indemnización por la sustracción de vehículos en el interior de dicho garaje.
La Sala no estima «convincentes» las alegaciones de los investigados: «Resulta sorprendente que todos los inversores que han declarado en estas actuaciones, siguieran la misma mecánica, entregaron cantidades de dinero nada desdeñables, entre 4 y 8 millones de pesetas, cuyo origen la mayoría sitúa en ahorros o préstamos de terceras personas, pero cuyo rastro documental es inexistente».
A su juicio, es «llamativo» que no se haya podido documentar «el lugar de depósito de esos millones de pesetas invertidos».
Por tanto, pese a que los imputados niegan cualquier relación con la empresa -Francis Franco dijo ser «absolutamente ajeno» a los supuestos hechos delictivos-, la Audiencia cree que deben seguir teniendo dicha condición en la causa.