El PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de gobierno de coalición derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, regular el precio del alquiler, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y subir el Salario Mínimo hasta el 60 % del salario medio en España, así como una subida de impuestos a las rentas más altas.
Así figura en el documento de 50 páginas titulado 'Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España', que presentarán esta tarde los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, antes de la investidura de Sánchez como presidente de dicho Ejecutivo de coalición.
Ambas formaciones se comprometen a derogar aspectos concretos de la reforma laboral y recuperar los derechos laborales «arrebatados» por la reforma laboral de 2012, para lo que tumbarán la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
Salario mínimo hasta los 1.200 euros
Igualmente, se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60 % del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura, así como simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial.
Sobre las pensiones, las formaciones garantizan su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.
En relación al alquiler, «los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda».
Además, «se impulsarán medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad». También, «se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional».
Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidos Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán una tributación mínima del 15 % de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18 % para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25 % al 23 %.
En materia de IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.
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El documento también prevé aprobar una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y que «blinde la educación pública». Además, precisa que «la nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo». De este modo, se impedirá «la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos».
También se prevé que «la asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos».
En materia de salud, se eliminarán de forma progresiva los copagos introducidos en 2012, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Además, se introducirá progresivamente la Atención a la Salud Bucodental de la población en la cartera de servicios del sistema nacional de salud.
El Gobierno PSOE-Unidas Podemos también prevé medidas para lograr una rebaja de la factura de la luz.
También se abordan en el programa de gobierno el derecho a la muerte digna y la regulación de la eutanasia, para lo que se impulsará «una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud».
La memoria democrática también ocupa un lugar destacado y el 31 de octubre será declarado como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el día 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio. Otra de las medidas es la la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público.
La igualdad entre hombres y mujeres es otro de los objetivos. Algunas de las medidas que recoge el programa de gobierno son la «equiparación por ley de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles». El objetivo es que sean totalmente iguales (16 semanas), intransferibles y retribuidos al 100 % en 2021.