La Junta Electoral Central ha acordado este viernes ordenar que se retire al presidente de la Generalitat, Quim Torra, su credencial de diputado autonómico, lo que conlleva su inhabilitación y, por tanto, su destitución.
La JEC estima así el recurso presentado por PP, y parcialmente los interpuestos por Ciudadanos y Vox, que pedían la inhabilitación inmediata del presidente catalán tras la condena del pasado 19 de diciembre.
Según el acuerdo de la Junta, concurre en Torra «la causa de inelegibilidad sobrevenida» que recoge la ley electoral por haber sido condenado por sentencia no firme el pasado 19 de diciembre.
Aquel día, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a año y medio de inhabilitación a Torra por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A.
Además, la Junta subraya que se deja «sin efecto» de forma inmediata -desde que se notifique este acuerdo- la credencial de Torra como diputado electo al Parlamento de Cataluña por la circunscripción electoral de Barcelona.
Por eso ordena a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que una vez notificado íntegramente el contenido de este acuerdo declare la vacante como diputado del Parlamento de Cataluña.
El Estatut de Autonomía de Cataluña obliga al presidente de la Generalitat a ser diputado, de forma que la retirada de la credencial de Torra por parte de la JEC supone su inhabilitación como jefe del Govern.
La resolución de la JEC contiene seis votos particulares de miembros de este órgano que consideran que la Junta de Barcelona «carecía de competencias» cuando consideró que Torra podría seguir en el cargo porque la sentencia condenatoria no era firme.
La Junta Electoral Central contradice la decisión de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que desestimó las peticiones del PP, Ciudadanos y Vox para que le fuera retirada la credencial de diputado del Parlament al presidente de la Generalitat.
La Junta Electoral Provincial de Barcelona argumentaba que la sentencia que condena al presidente Torra a un año y medio de inhabilitación para ejercer un cargo público no es firme, y que no se daban los supuestos para proceder a retirarle su credencial como diputado hasta que la causa judicial no haya concluido.