José Luis Escrivá es el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones del Gobierno de Pedro Sánchez y deberá hacer frente a uno de los retos más difíciles para el nuevo Gobierno: lograr una reforma consensuada que haga social y financieramente sostenible el sistema de pensiones.
Con un déficit del 1,4 % del PIB al cierre de 2018 (17.369 millones de euros) y el fondo de reserva bajo mínimos, la Seguridad Social se enfrenta a un problema financiero desde hace varios años y urge poner en marcha medidas sobre todo antes de que en breve comience a jubilarse la generación del «baby-boom».
Por ello, el nuevo ministro deberá plantear y negociar una reforma con los agentes sociales, si bien previsiblemente esperará a las recomendaciones que emanen de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, que retomará sus trabajos próximamente.
Y todo ello después de que en la anterior legislatura y tras dos años de trabajo, saltara por los aires el acuerdo en el Pacto de Toledo al convocarse las elecciones, cuando todos habían logrado ponerse de acuerdo en volver a vincular la revalorización de las pensiones al IPC real.
De momento está suspendida la aplicación del índice de revalorización, que supone una subida del 0,25 % anual mientras la Seguridad Social esté en déficit, y está pospuesta hasta 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que rebaja la cuantía inicial de la pensión al ajustarla a la esperanza de vida.
No obstante, en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos consta que se derogarán legalmente ambas cuestiones, que constituyeron las principales novedades introducidas por el PP en su reforma unilateral de 2013.
Además, tal y como ya ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una de las primeras medidas que se tomará en las próximas semanas será subir las pensiones un 0,9 % para no pierdan poder adquisitivo en 2020.
También está entre la prioridades del Ministerio actualizar las bases de cotización a la Seguridad Social, tanto la máxima como la mínima, aunque ésta última crecerá al mismo ritmo que lo haga el salario mínimo interprofesional (SMI), una decisión que en principio será competencia del Ministerio de Trabajo.
Pero no será el único asunto en el que deberán coordinarse el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, ya que probablemente también deberán negociar conjuntamente con las asociaciones de autónomos la reforma del régimen especial del trabajo autónomo, adecuando sus cotizaciones a sus ingresos reales y mejorando su protección.
Lo mismo cabe esperar también que suceda con la reforma del sistema de prestaciones por desempleo o con las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que también se quedan ahora entre ambos Ministerios.
En el ámbito de la inclusión es muy probable que se haga cargo de poner en marcha el ingreso mínimo vital, que en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos aparecía como prestación de la Seguridad Social.
En el ámbito de las migraciones, el reto pasa por gestionar los flujos migratorios, la acogida humanitaria, la lucha contra el tráfico de personas y el impulso de vías legales y ordenadas de llegada al país.
También estará entre sus competencias coordinar los recursos del sistema de acogida de solicitantes de asilo, cuyas plazas ha tenido que ir aumentando por las llegadas sobre todo de ciudadanos venezolanos.
En la carpeta de asuntos pendientes queda el desarrollo del ambicioso plan de retorno «Un país para volver» con medio centenar de medidas para facilitar la vuelta de los emigrantes españoles y favorecer que España se convierta en un lugar atractivo para que puedan desarrollar sus proyectos de vida personales y profesionales.