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Pandemia de coronavirus

Irene Montero, a las diputadas de Vox: «No le tengo miedo a la ultraderecha»

Montero ha comparecido este lunes en la comisión de seguimiento y evaluación de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

| Madrid |

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que la pandemia del coronavirus «redobla la importancia y la urgencia» de la agenda feminista y de políticas que «protejan a las mujeres», especialmente durante la desescalada. Si bien, desde el PP y Vox han cuestionado la acción del Ministerio de Igualdad durante la crisis sanitaria, criticando su «incompetencia e inoperancia así como su despilfarro».

Montero ha comparecido este lunes en la comisión de seguimiento y evaluación de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una sesión que ha adquirido un tono más bronco durante las intervenciones de las representantes de Vox y del PP, Carla Toscano y Beatriz Álvarez Fanjul, respectivamente.

Durante su intervención, la ministra ha desarrollado todas las medidas que el Ministerio ha adoptado en materia de violencia de género durante la crisis del COVID-19, así como todas las actuaciones y trabajo realizado para atender y proteger a mujeres víctimas, confinadas o no junto a su agresor. Entre ellas, ha mencionado el Plan de Contingencia contra la violencia de género, la trata y la explotación sexual, así como el real decreto 12/2020 que lo respalda.

Según ha defendido, es necesario un acuerdo para que la salida a la situación de crisis actual «se haga con perspectiva de género» ya que, al igual que en crisis anteriores, «lo primero que se devalúa son las condiciones de vida de las mujeres».

La guerra ideológica entre Gobierno y oposición se ha hecho patente. «Yo a la ultraderecha no le tengo miedo», ha advertido la ministra de Igualdad después de constatar que la formación de Abascal no está por la labor de apoyarles.

Las mujeres salen peor de esta crisis

Tal y como ha remarcado Montero, las mujeres, que ya de por sí ocupan «empleos invisibilizados, maltratados y poco reconocidos», salen de estas situaciones de crisis con mayores tasas de desempleo, más precariedad y temporalidad laboral, y con mayor carga de los cuidados, «solamente por el hecho de ser mujeres».

Precisamente, la «falta de autonomía económica» que conlleva esta brecha de género «puede ser la base del aumento de la violencia contra las mujeres», según ha alertado la ministra, que ha expresado su preocupación por el previsible incremento de casos de violencia de género durante la desescalada y la necesidad de que las víctimas vean «garantizado» un proceso para denunciar en condiciones «seguras».

Si bien, desde el PP y Vox han lanzado críticas a la gestión de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad durante el Estado de Alarma. La diputada de Vox Carla Toscano ha afeado a la ministra que acuda a esta comisión en esta situación. «A lo único que viene es inflar sus chiringuitos y su ego», ha apostillado, lamentando las numerosas muertes de españoles por el COVID-19, así como los millones que se han quedado sin trabajo.

En este contexto de trágica situación, ha denunciado que Igualdad se gaste el dinero en mecanismos, sistemas, fondos y campañas que se dirigen «solo a las mujeres», en vez de destinarlo a Equipos de protección individual o test masivos. «Comisaria de desigualdad: hay que tener la cara de cemento armado», le ha reprochado a Montero.

A su juicio, este «despilfarro de dinero es criminal» habiendo tantas personas fallecidas por coronovirus. Además, ha recriminado a Montero que «excluya» de sus acciones al resto de víctimas de violencia doméstica, citando en concreto a los menores maltratados, ancianos o mujeres y hombres homosexuales. «La violencia no tiene sexo», ha agregado, apostillando que se debe gobernar para «todos los españoles».

El PP critica las manifestaciones del 8M

Desde el PP, la diputada Beatriz Álvarez ha criticado que el Gobierno «alentara» a acudir a las manifestaciones convocadas por el Día Internacional de la mujer de 8 de marzo. «Ya podían haber pedido a las mujeres que se quedaran en casa confinadas en vez de salir a las calles», ha remarcado, afeando al Gobierno que trate de «apropiarse» de las mujeres.

Asimismo, ha afeado a la ministra que en 66 días de alarma hayan hecho «bien poco» aunque tiempo para difundir acciones por redes sociales siempre han tenido. Así, ha tachado de «absoluta incompetencia e inoperancia» la labor del departamento de Igualdad, al haber presentado «un decreto y cinco formalizaciones de contratos» en este periodo, al tiempo que ha criticado la "gigantesta estructura" del Ejecutivo actual.

En respuesta, Montero ha tachado de «insulto a las víctimas y a la democracia» el negar la existencia de la violencia de género, algo que ha achacado a las condiciones estructurales de desigualdad. «¿De verdad creen que 1.051 asesinadas desde 2003 es casualidad?», ha cuestionado dirigiéndose a la representante de Vox en la comisión.

Por su parte, desde el PSOE, la diputada Lidia Guinart ha apuntado que «negar la violencia de género pone en peligro la vida de las mujeres», al tiempo que ha recordado que varias dirigentes del PP acudieron a la manifestación del 8M y con lema propio.

Dificultades para la conciliación

Por otro lado, la portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT) en el Congreso, Laura Borràs ha reivindicado medidas específicas para paliar los efectos de la pandemia en las mujeres, citando en concreto la conciliación de la vida familiar y laboral. En esta línea también la diputada de Bildu Isabel Pozueta ha pedido medidas efectivas al respecto.

Sobre esta cuestión, Montero ha reiterado la necesidad de «poner en el centro las políticas públicas y el aumento de recursos a los cuidados» porque, a su juicio, «no van a desaparecer porque la Administración no los atienda». Tal y como ha expresado, su departamento está preocupado por la situación de muchas mujeres trabajadoras, ya que algunas durante el confinamiento afrontan los cuidados (de hijos o personas dependientes), y desde el Gobierno no quieren que esto se traduzca en su expulsión del mercado laboral.

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