El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda para la devolución del Pazo de Meirás interpuesta por el Estado, al que declara propietario del inmueble, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). También condena a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.
En el procedimiento, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.
La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de «la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma».
En relación a este fundamento, aclara la jueza que, el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo «del Caudillo» para comprar y regalar el Pazo de Meirás «al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional». «Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado», añade respaldando los argumentos de los demandantes y rechazando los de la parte demandada.
En un país tan "poco democrático" y tan "fascista" como Francia, los tribunales han rechazado de forma categórica retirarle al Caudillo la más alta distinción de aquella nación, la Legión de Honor, que se le concedió en 1930 a Francisco Franco como HÉROE MILITAR (así se le denomina textualmente en el acta de la concesión de tan alta distinción francesa, establecida en 1804 por el emperador Napoleón I). En España en cambio, se le ha execrado, vilipendiado, calumniado e insultado, a él y a su familia, de mil formas posibles desde hace décadas, llegando al paroxismo de la ignominia y la zafiedad más repugnante al profanar su tumba el pasado otoño, con la connivencia del podrido Poder Judicial y el consentimiento cómplice de la Conferencia Episcopal. Ahora, siguiendo en esa escalada de venganza cobarde, se pretende ilegítimamente arrebatarle a sus descendientes una propiedad inmobiliaria emblemática que se le regaló a su abuelo con todas las de la ley. ¿Qué será lo siguiente?