El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha subrayado que el Gobierno «en ningún caso puede compartir» la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, que ha optado por intentar «criminalizar la pobreza» en lugar de reforzar servicios públicos esenciales, como el sanitario.
En declaraciones a TVE, Iglesias ha enmarcado el encuentro que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la obligación que tienen de colaborar con todas las administraciones, con independencia de su signo político.
No obstante, ha subrayado que el cumplir con esa obligación no significa estar de acuerdo con las medidas emprendidas en Madrid por Ayuso y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs).
Y es que Iglesias ha señalado que los instrumentos para potenciar la lucha contra la pandemia es el refuerzo de los trabajadores públicos, como son médicos, enfermeros rastreadores o profesores para disminuir ratios en aulas, así como corregir la situación de «saturación» del transporte público en Madrid.
«Eso implica tomar medidas que van en una dirección muy diferente a la del bloque de la derecha de PP, Ciudadanos y Vox en Madrid», ha remachado el vicepresidente segundo.
Además, ha aseverado que en Madrid mucha gente tiene sensación de «preocupación» ante la gestión de la pandemia en Madrid y que «no parece sensato» escuchar a dirigentes regionales, en referencia a Aguado, decir que los ciudadanos tienen que «elegir entre ser virus o vacuna». En esta línea, ha dicho que «no hay derecho» que se le diga a trabajadores de los distritos de Puente de Vallecas y Madrid que «son un virus».
También ha manifestado que el control de la movilidad es necesario pero que la gente tiene sensación de que «aquí (en Madrid) algunos están hablando de segregación» y ha tildado de «muy grave» que Ayuso aludiera a que problemas de estas pandemia son menores extranjeros no acompañados o «intentara criminalizar la pobreza».
Así, Iglesias ha enfatizado que en Madrid hacen falta más personal para mejorar los servicios públicos y que para ello se le otorgó a la Comunidad de Madrid 3.4000 millones. Por tanto, el establecer controles policiales a vecinos de los distritos afectados puede generar sensación a los ciudadanos de que las cosas «no se están haciendo bien».
«Los trabajadores públicos que hacen falta para seguir combatiendo una pandemia que nos está llevando a una situación de riesgo no son policías ni militares, son médicas y son enfermeros», ha disertado el vicepresidente.
Preguntado sobre si hace falta declarar un estado de alarma en Madrid, Iglesias ha insistido que el solicitar esa opción corresponde a la administración regional, acorde con un estado «descentralizado» como el español.
En consecuencia, deben ser los representantes que los ciudadanos han votado en su territorio los que tienen que decidir si el estado de alarma hace falta, para lo cual el PSOE y Unidas Podemos ponen sus diputados en el Congreso a su disposición.
«Nosotros no nos podemos meter en las tareas legítimas de unas administraciones autonómicas que han sido elegidas por los ciudadanos y estamos obligados a cooperar y asistirles. Pero eso es una cosa y otra bien distinta es compartir lo que está haciendo Cs, Vox y PP en la Comunidad de Madrid», ha apostillado Iglesias.