El Gobierno ha puesto a disposición del sector turístico nacional 25.000 millones de euros desde que irrumpió la pandemia para amortiguar el daño económico y social ocasionado, la mayoría «aprobadas por Bruselas dentro del Plan de Choque para paliar los efectos de la COVID», según ha señalado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en un comunicado.
Estas medidas han ido, en su mayoría, enfocadas a mantener la actividad y los empleos en el sector. Maroto señala que, además, España ha podido implementar planes específicos que no requieren el permiso de la Comisión Europea, como los planes de sostenibilidad turística, las ayudas a la digitalización o el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística.
Este mismo jueves, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado en una entrevista en Telecinco que «no es cierto que no se hayan pedido ayudas a Europa para el sector turístico», respondiendo a una información publicada en prensa. En concreto, ha indicado que Europa aceptó todas las ayudas tramitadas «menos una medida concreta» y ha recalcado que «no es que no se pidió, es que no fue autorizada».
Todo responde a una carta emitida este miércoles por la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, que indica que las autoridades españoles «no se han puesto en contacto con la Comisión para solicitar un régimen específico de ayudas al sector turístico», pero que los regímenes ya aprobados notificados por España, «que se aplican a la mayoría de los sectores de la economía, incluido el turístico», ya han recibido respuesta, y recuerda que el 31 de julio fue aprobado el Fondo de Apoyo a la Solvencia.
El Gobierno indica que, hasta el 15 de septiembre, se habían inyectado 15.173 millones de euros a empresas del turismo, ocio y cultura a través de la línea habilitada de avales COVID-19 del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Resalta que el turismo es el sector que más ha recurrido a los créditos, duplicando al segundo de la lista, que es el de construcción e infraestructuras.
En cuanto a la extensión temporal de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en condiciones especiales, para el sector turístico tuvo un coste de 3.450 millones de euros. En mayo, los trabajadores en ERTE del sector turístico llegaron a superar el millón de personas. De los 812.438 empleados que permanecían bajo ERTE al cierre del mes de agosto, un 40% pertenecen al sector turístico, en concreto 325.578 personas.
Para los autónomos, la prestación extraordinaria por cese de actividad había beneficiado hasta julio a 420.945 emprendedores, con un coste de 1.020 millones de euros. Dentro de este grupo, son los hosteleros los que más se han beneficiado de la moratoria de deuda hipotecaria. Según el Banco de España, 20.086 hosteleros se habían acogido a la medida hasta el 31 de julio pasado. Los costes estimados aproximados de esta medida los 731 millones de euros.
Otras medidas de apoyo al sector que el Gobierno ha adoptado son las bonificaciones del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, Fogasa y Formación Profesional de los trabajadores para todas aquellas empresas vinculadas a la actividad turística que inicien o mantengan en alta a empleados con contratos de carácter fijo discontinuo.
El pasado 18 de junio el Gobierno lanzó el Plan Impulso al sector turístico, que contiene 28 medidas con una dotación de 4.262 millones de euros para apoyar al sector y potenciar la confianza de España como destino.