Los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC están debatiendo una enmienda a la reforma educativa, la Lomloe o ley Celaá, por la que el castellano no se fijará en la educación como lengua vehicular en toda España.
Se trata de una enmienda al articulado de la Lomloe que «aún no está cerrada» pues «se está debatiendo aún», han señalado fuentes parlamentarias. La iniciativa debe ser votada este jueves dentro del grupo de trabajo o Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, que este martes mantiene una reunión y que desde hace unos días examinan las más de 1.160 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
La enmienda sobre el castellano, adelantada por El País, cambiaría lo que se dice en el proyecto de la Lomloe: «Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha puesto un tuit -«más allá del ruido hay política»- en relación al debate sobre esta enmienda. Fuentes de esa formación han comentado que «el objetivo» de su enmienda «es blindar el catalán como lengua vehicular».
Por su lado, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dicho este martes que no conoce la citada enmienda pero que «habrá que estudiarla». «Nosotros a diferencia de los partidos de la derecha no estamos en contra de la inmersión, porque pensamos que beneficia a las filas trabajadoras», ha argumentado.
En la actual ley educativa, la Lomce o ley Wert, se establece que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable».
Y obligaba a que «la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable».
Corresponde, según la Lomce, a la Alta Inspección del Estado «velar por el cumplimiento de las normas sobre utilización de lengua vehicular en las enseñanzas básicas».
Y aunque luego fue anulada por el Tribunal Constitucional, la conocida también como ley Wert establecía una disposición adicional 38 por la que las comunidades pagarían el centro concertado o privado a aquellas familias que no pudieran escolarizar sus hijos en un colegio público con el castellano como lengua vehicular.
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