Vox ha registrado este viernes ante el Tribunal Constitucional su recurso al estado de alarma aprobado por el Gobierno y la prórroga de seis meses avalada por el Congreso de los Diputados, que ve como «la punta del iceberg» de una deriva «totalitaria y dictatorial» del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
El líder del partido, Santiago Abascal, y la secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso, Macarena Olona, han sido los encargados de llevar el recurso al Tribunal Constitucional, en cuyas inmediaciones se agolpaban unas decenas de simpatizantes acompañados de banderas de España.
Abascal ha advertido de las consecuencias de este estado de alarma «con pretensiones de perpetuidad», que cree que solo es un paso más en la «deriva totalitaria» de un Gobierno «de socialistas y comunistas que cuenta con el apoyo de terroristas y el golpismo separatista».
En concreto, Vox ha presentado ante el Tribunal Constitucional dos recursos -de inconstitucional y de amparo- para que el segundo de ellos permita la suspensión inmediata del estado de alarma sin necesidad de esperar a la resolución del recurso de inconstitucionalidad.
En el texto, según ha explicado Olona, los diputados de Vox aseguran ser conscientes de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para responder a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, pero sostienen que nunca puede hacerse al margen de la Constitución. «La lucha contra la pandemia en ningún caso puede suponer la derogación de la democracia y una degradación de la misma», ha defendido.
Entre otras cuestiones, el recurso rechaza la decisión del Gobierno nombrar a los presidentes autonómicos como autoridad delegada, generando a juicio de Vox «un auténtico estado de desconcierto y caos».
El partido considera que el Ejecutivo central es el único competente y no puede quedar en manos de las comunidades autónomas las medidas a aplicar ni su ámbito territorial, permitiendo que cada presidente aplique el estado de alarma «a su libre albedrío» y generando con ello una situación de «inseguridad jurídica» a los ciudadanos.
Además, rechaza la prórroga de seis meses aprobada por el «rodillo mayoritario» del Congreso y la decisión de que el presidente del Gobierno solo comparezca cada dos meses ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de su evolución y el ministro de Sanidad lo haga mensualmente ante la Comisión de Sanidad.
En concreto, Vox señala que este nuevo estado de alarma vulnera los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución, relativos a derechos como los de libre circulación y residencia, derecho de reunión y manifestación o libertad y seguridad.