La Comisión de Educación elevó a la presidenta del Congreso el dictamen que aprobó el pasado jueves sobre la Lomloe o ley Celaá, que incluye como novedades, a través de diferentes enmiendas, que el castellano no es lengua vehicular y que en primaria y secundaria se podrá estudiar Cultura de las Religiones.
El dictamen, de 113 páginas y firmadas por el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, se vota este jueves en el Pleno del Congreso. Estás son algunas de las claves de este polémica ley educativa que ha enfrentado a los grupos.
De hecho, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC) si es apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara baja.
Castellano: La ley dice que se garantizará el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. En el caso de las comunidades autónomas que posean una lengua propia con carácter oficial podrán establecer exenciones de cursar o evaluar en la materia de Lengua propia y Literatura.
Segregación por sexo: Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por sexo y desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas.
Igualdad de género en las enseñanzas: La norma llama a las administraciones a impulsar el incremento de alumnas en el ámbito de enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y en las enseñanzas FP con menos demanda femenina. De la misma manera, se impulsará la presencia de alumnos en los estudios con más matrículas femeninas.
Religión: Oferta obligatoria, elimina la obligación de cursar una materia alternativa y la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas.
Valores cívicos y éticos: Se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad.
Contenidos curriculares: Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no afectarán a más del 50 % de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60 % para el resto.
Educación especial: En un plazo de diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.
Educación para la salud: Se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde primaria.
Historia de la democracia: Los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España, también desde una perspectiva de género.
Proceso de admisión de alumnos: Cuando no existan plazas suficientes, los criterios prioritarios para el proceso de admisión serán la existencia de hermanos matriculados en el centro, la proximidad del domicilio o del lugar del trabajo de alguno de los progenitores y la renta per cápita familiar.
Cuando la demanda supere la oferta, las administraciones educativas podrán constituir comisiones de garantías de admisión. Velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y del alumnado que esté en una situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos.
Eliminación de las cuotas en los colegios concertados: Los centros concertados no podrán recibir cuotas de las familias por las enseñanzas de carácter gratuito. Tampoco podrán imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios asociados a la enseñanza que requieran una aportación económica.
Mayor oferta de plazas de infantil: Se incrementará progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo infantil, de 0 a 3 años. El segundo ciclo infantil será gratuito, y las administraciones garantizarán una oferta suficiente de plazas en centros públicos y concertarán con centros privados.
La polémica por el paso de curso: Los alumnos pasarán de curso si el equipo docente considera que las materias no superadas le permiten seguir con éxito el curso siguiente.
Bachillerato: Se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo una.
Cambios de puestos a los docentes: Los funcionarios docentes que muestren una falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una falta de rendimiento que no comporte inhibición podrán ser relevados de su puesto y realizar otras tareas que no requieran la atención directa con el alumnado.
Sin prueba para los Inspectores: La fase de concurso valorará la trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la fase de oposición será una valoración de capacidades y no una prueba.
Desarrollo de planes, tras la experiencia de la COVID: El Ministerios de Educación y las comunidades autónomas definirán un modelo de plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa.