Los países de la Unión Europea (UE) alcanzaron este miércoles una posición común para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el certificado de vacunación, con el fin de que esté operativo este verano, pero que no será un pasaporte que garantice la movilidad, según el documento aprobado al que ha tenido acceso Efe.
«En menos de un mes el Consejo ha alcanzado una posición común para las negociaciones con el Parlamento», anunció la presidencia portuguesa de la UE, tras la reunión de los embajadores de los Veintisiete ante las instituciones europeas mantenida este miércoles por la mañana.
Pero el certificado europeo de vacunación contra el Sars-CoV-2 que preparan las instituciones comunitarias, con el objetivo de que esté operativo para junio, no será un pasaporte sanitario que permita automáticamente que los ciudadanos recuperen la libertad de movimientos en el seno de la UE.
«Para enfatizar el principio de no discriminación, en particular hacia las personas no vacunadas, la parte operativa del reglamento principal establece explícitamente que la posesión de un 'Certificado Verde Digital' no es una condición previa para ejercer los derechos de libre circulación», puede leerse en el texto aprobado por los Estados miembros al que ha tenido acceso Efe.
Esa regulación aprobada por el Consejo, -idea que lanzó Grecia a inicios de año de cara a reactivar el mercado turístico en verano, se basa en la propuesta de la Comisión Europea y está pendiente ahora de negociación con la Eurocámara-, entraría en vigor seis semanas después de ser adoptada, es decir, en junio.
El certificado, según el texto provisional, será gratuito, en formato electrónico o en papel, estará disponible en inglés y en la lengua oficial del país que lo emita y tendrá «un período de aplicación de 12 meses, un informe de la Comisión a más tardar 3 meses antes de que finalice la aplicación del reglamento principal y una posible suspensión o prórroga mediante el procedimiento legislativo ordinario».
El documento contendría información sobre si su portador ha recibido la vacuna contra el coronavirus, ha generado anticuerpos tras pasar la enfermedad o tiene una PCR reciente negativa, siendo este último uno de los criterios que muchos países han requerido a los viajeros en los últimos meses y recogería sólo las vacunas que reciban autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Con mención expresa a Irlanda, a tenor de la frontera virtual con Irlanda del Norte y la inestabilidad que se está registrando en esa región desde el Brexit, el texto prevé que los Estados miembros puedan «aceptar mutuamente certificados expedidos a nacionales de terceros países sobre la base de la reciprocidad».
También precisa que debe tenerse en cuenta la situación particular de los trabajadores transfronterizos.
Más allá de las disposiciones técnicas, la propuesta deja claro que si bien el certificado pretende «facilitar la movilidad entre países», el documento no es un pasaporte.
Recuerda, además, que los Estados miembros pueden restringir por motivos sanitarios la movilidad de los ciudadanos, una de las cuatro libertades fundamentales de la UE, pero subraya que «cualquier medida que se adopte no debe extenderse más allá de lo estrictamente necesario para salvaguardar la salud pública».
En declaraciones a Efe, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, que en calidad de presidente de la Comisión de Libertades Civiles estará al frente de los eurodiputados que negociarán con los países para poner en marcha este certificado, cree que el pleno de la Eurocámara podría dar su luz verde a principios de junio.
Ahora bien, advierte que este certificado es «una herramienta, no una panacea»: «es un acicate a la recuperación de la confianza para transitar por las fronteras exteriores de la Unión y para que los Estados restablezcan (el espacio) Schengen con las garantías de un certificación homogénea», pero avanza que la Eurocámara introducirá enmiendas.
Esas enmiendas se basan en la «preocupación obsesiva» de la Eurocámara de que se respeten los derechos fundamentales de los europeos de «igualdad y no discriminación».
Por tanto pedirán que los datos usados en los certificados los almacene el país de origen, y no el de destino, que el documento solo sirva para viajes y que tenga fecha de caducidad hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dé por acabada la pandemia.