El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto-ley de 11.000 millones que contempla ayudas directas a pymes y autónomos para que las comunidades autónomas tengan un margen de flexibilidad adicional a la hora de ampliar a qué sectores y empresas conceder los fondos, incluyéndose la posibilidad de dar ayudas a empresas viables pero con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, hasta ahora excluidas de las mismas.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes.
El Gobierno permitirá así la posibilidad de que las comunidades puedan incluir nuevos sectores especialmente afectados en sus territorios, como es el caso del calzado y del vino en algunas regiones, y permitirá que empresas «viables» que hayan registrado pérdidas en 2019 debido a «circunstancias excepcionales» puedan acceder a dichas ayudas.
Como ejemplo de circunstancia excepcional, la ministra señaló el impacto de la quiebra de Thomas Cook en las empresas turísticas y particularmente en Canarias y Baleares. «Esta mejora es muy importante para los operadores turísticos de las islas que se van a poder beneficiar de las ayudas directas», aseguró.
El Ministerio de Hacienda remitió el pasado viernes a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, y les pidió que tramitaran la firma de dichos convenios con carácter de urgencia.
Según ha avanzado la titular de Hacienda, esta misma mañana las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha ya han devuelto los convenios firmados y por tanto, una vez rubricados por Montero, se remitirán al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación de manera que puedan recibir el dinero de manera «inmediata» y sacar sus convocatorias para repartir las ayudas entre las empresas.
Según se establece en el decreto, Hacienda transferirá los recursos que corresponden a cada autonomía en un plazo máximo de diez días desde la firma del convenio, salvo que las comunidades soliciten que el libramiento se haga en un momento posterior.
No obstante, el Ministerio de María Jesús Montero pide a los gobiernos autonómicos que inicien a la mayor brevedad los trámites necesarios para proceder a la firma y, además, les invita a valorar la posibilidad de tramitar esa rúbrica con carácter de urgencia.
Además, el Gobierno también incluye en este nuevo real decreto una medida para garantizar liquidez de las empresas y agilizar los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y de Hacienda.
Es decir, la medida va a afectar a deudas que se derivan del reintegro o del reembolso de ayudas o de préstamos que se conceden por la Administración General del Estado (AGE) y se distribuyen desde el ámbito territorial en las delegaciones correspondientes.
También afectará a deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a las delegaciones de Economía y Hacienda o a aquellas que se encuentran en periodo voluntario de pago o que se aplazan o se fraccionan previamente.
Para este tipo de deudas, se ha habilitado a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder un periodo de carencia de hasta dos años para el pago de obligaciones no tributarias y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.