La respuesta más probable es nada, al menos a corto plazo. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este viernes ha decidido eliminar las medidas provisionales que suspendían la inmunidad europarlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los consellers de su Govern Toni Comín y Clara Ponsatí, allana el camino hacia su extradición a España. No obstante, cualquier procedimiento judicial queda a expensas de lo que decidan los tribunales comunitarios sobre la euroorden y la posterior actuación que acuerde el juez Llarena.
Los tres de Junts no verán afectada con esta decisión su condición de eurodiputados, ni tampoco implica que sean extraditados automáticamente. El efecto más inmediato de la decisión del TJUE es la posibilidad de que se reactiven las euroórdenes en su contra, que quedaron paralizadas al asumir su escaño en el Europarlamento, y adquirieron así el blindaje jurídico que esta condición garantiza a todos los representantes de los ciudadanos en Bruselas.
Asimismo, el tribunal europeo argumenta que, a pesar de su decisión, «la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunió́n del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta» y «en consecuencia, pueden desplazarse para asistir a las reuniones».
Según su veredicto, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las ó́rdenes de detenció́n europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas.
La senda de la actuación
Antes de enfrentar el escenario de la posible extradición de Puigdemont, Comín y Ponsatí queda por dirimir un último escollo judicial, que no es otro que la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el juez del Supremo Pablo Llarena para decidir, precisamente, si mantiene o retira la orden europea de detención de los tres procesados por el procés que se evadieron de la acción de la justicia española al marcharse del país.
Dicho de otro modo, la retirada de la inmunidad para actuar contra Puigdemont y los exconsellers no permite retomar la vía judicial en Bélgica, que decide sobre Puigdemont y Comín, y en Escocia, que en su caso resuelve sobre Ponsatí, de manera automática; antes de todo el TJUE debe pronunciarse sobre la ejecución de la euroorden.
Cabe recordar que Llarena acudió a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del exconseller Lluís Puig, porque entendieron que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán, y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Un escenario que, de no haber consultado previamente al tribunal europeo, podría haberse planteado con Puigdemont y los exconsellers, ya que hasta la fecha los tribunales belgas y escoceses no han sido proclives a los intereses de los jueces españoles en ninguna de su decisiones.