Archivada la causa contra Vitaldent. La Audiencia Nacional ha acordado cerrar el caso abierto contra el empresario uruguayo Ernesto Colman y medio centenar de personas por el presunto fraude de las clínicas Vitaldent al no quedar acreditados los delitos por los que han sido investigados.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez Manuel García Castellón archiva la causa, que comenzó en 2013 por una denuncia de los franquiciados de Vitaldent y por la que Colman pasó 15 meses en prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y apropiación indebida.
Los investigadores sospechaban que un grupo de personas, entre ellas el entonces propietario de Vitaldent, diseñaron «un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda», de manera que su cúpula recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.
El caso comenzó en un juzgado de Majadahonda, en Madrid, que en 2016 se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. Poco después de asumir el caso, el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, autorizó la venta del Grupo Vitaldent en España e Italia por un total de 18,5 millones de euros a la empresa JB Capital Markets SV SAU, de la que es dueño Javier Botín.
Ahora, su sucesor en el juzgado, el juez García Castellón considera que no hay indicios suficientes para acreditar esos delitos.
En lo que respecta al delito fiscal, porque los investigadores no han sido capaces de identificar el importe defraudado, pese a los sucesivos y complementarios informes de la AEAT, por lo que debe archivarse.
Tampoco se han encontrado elementos suficientes para procesar por estafa o apropiación indebida a los investigados, pues, según las acusaciones, se daban sobrecostes a los franquiciados en la instalación y montaje de las clínicas, en líneas de teléfono, en contratos de subarrendamiento de las clínicas por precio superior al que Vitaldent paga al propietario, en la compra de material clínico u ordenadores, y en el pago de canon por publicidad muy elevado.
Además, según la acusación, había conductas de presunta extorsión o amenazas, consistentes en la realización de auditorías sorpresivas y continuadas a las clínicas, y cortes del sistema de gestión financiera denominado “Ulises”, que la central de Vitaldent proporcionaba a las clínicas franquiciadas.
Según el juez, esas afirmaciones conducirían a afirmar que el modelo de negocio de Vitaldent «sería en sí mismo un fraude dirigido a engañar a los franquiciados, y que, por ello, el mismo contrato de franquicia constituye la base del engaño».
Lo cual «carece de todo sustento probatorio», añade el magistrado, que recuerda que era «una empresa con un gran número de empleados, más de 300 clínicas en España».
Tampoco pudo cometerse la estafa en las cláusulas del contrato, afirma García Castellón, pues todos los firmantes eran «perfectos conocedores de todos los extremos del contrato».
«Todo lo anterior excluye cualquier posible concurrencia del elemento esencial del delito de estafa, esto es, el engaño. Las partes eran perfectamente conocedoras de los términos del contrato, de las obligaciones contraídas, y con plena libertad, se sometían al contrato. Sostener lo contrario sería criminalizar un contrato de franquicia que, como veremos, ha sido respaldado ya en el ámbito civil», argumenta el juez.
En declaraciones a Efe, los abogados Javier de las Heras Dargel y Alfredo Gómez Sánchez, que representan a uno de los principales investigados, han manifestado que siempre han defendido la inocencia de su cliente, puesto que nunca quedó acreditada su participación en los hechos.