La futura Ley de Protección y Derechos de los Animales se aletarga en el tiempo por discrepancias en el Gobierno de coalición que se ciñen a que Moncloa y el Ministerio de Agricultura apuestan por diferenciar a los perros de caza respecto de los demás, mientras que Derechos Sociales aboga por no hacer distinciones y que los cazadores cumplan con las consideraciones que se exigen al resto de propietarios de esos animales.
Esa disputa también divide a animalistas y cazadores, puesto que aquellos quieren que los perros de caza estén mejor protegidos bajo el paraguas de la ley y éstos señalan que sus canes no son animales de compañía.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha elaborado un borrador del anteproyecto de Ley de Protección Animal y Derechos de los Animales e iniciará el proceso de consulta pública previa el próximo martes, 30 de noviembre, cuando quiso someter el texto a participación pública el pasado 6 de octubre.
El borrador de la ley recoge el 'sacrificio cero' de animales de compañía que estén sanos, el fin de algunas prácticas como las peleas de gallos y el tiro al pichón, permitir la cría de animales sólo a personas autorizadas, proteger las colonias felinas y crear el concepto de santuario de animales.
Además, el texto trabajado por la Dirección General de Derechos de los Animales incluye la prohibición de la venta de animales de compañía en tiendas, no permite criar animales que no sean autóctonos (como el visón americano, empleado en peletería) y no autoriza los circos con animales salvajes.
También elimina la lista de perros potencialmente peligrosos, impulsa la identificación eficaz de las mascotas para acabar con su abandono e insta al control ético de la fauna urbana antes del empleo de cualquier método letal.
Sin embargo, desde Unidas Podemos apuntan que el departamento dirigido por Ione Belarra lleva desde el 6 de octubre "esperando la luz verde" de Moncloa para iniciar la tramitación de la ley, que forma parte del acuerdo de coalición firmado por los dos partidos en el Ejecutivo y parte de una moción del Congreso de los Diputados aprobada el pasado mes de mayo con el rechazo sólo de Vox.
Fuentes de Derechos Sociales indican que desde el PSOE están "asustados" por el 'lobby' de los cazadores, cuando "es una ley muy de consenso, que ni siquiera entra en el tema de caza sí o no", sino que "aborda el maltrato animal". "Los cazadores que no maltraten a sus animales no van a tener ningún problema", añaden.
Desde Presidencia del Gobierno confirman que el anteproyecto legislativo se encuentra "en fase de análisis interministerial". "Hay determinados aspectos sobre los que todavía es necesario continuar el debate. La norma final tendrá en cuenta la realidad de nuestros pueblos, de nuestro medio rural, así como también la abundante normativa que existe en materia de protección animal", apostillan.
Ese retraso en la tramitación de la ley ha motivado que ciudadanos del entorno animalista hayan enviado correos electrónicos a Moncloa expresando su "profunda repulsa" debido a "la triste e insostenible situación que se mantiene desde hace ya tiempo sobre la cría masiva, abandono y maltrato de los perros de caza en España".
"Quieren dejar a los perros de las rehalas fuera de la ley con el argumento de que ésta ataca el mundo rural, pero no se prohíbe la caza, sino que estos perros tengan los mismos derechos y estén en las mismas condiciones de bienestar que los demás perros", apunta a Servimedia la presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (Fapam), Mati Cubillo.
Para Cubillo, dejar a los perros de caza al margen de la ley supondría "maltrato, muerte y miseria" para esos animales, pues la norma aporta "unos mínimos de bienestar animal" que también deben cumplir las asociaciones protectoras y las residencias caninas, por ejemplo. "Éticamente, es aberrante que una ley proteja a unos perros sí y a otros no según su actividad", sentencia.
Otras fuentes del entorno animalista indican que la "paralización" de la ley obedece a razones políticas y no técnicas, puesto que "los cazadores han logrado convencer a Planas", en alusión al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. "Pero la ley no prohíbe la caza, sino que la regula porque establece en qué condiciones se puede ejercer. Cuando algo se regula, lo blindas en el tiempo y lo sacas del limbo, pero con unas condiciones, claro. El sector cinegético prefiere seguir viviendo en el caos y en la libertad en la que han estado hasta ahora", apostillan.
El colectivo de los cazadores llegó a mantener reuniones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para expresar su malestar con el anteproyecto de ley, e incluso la Real Federación Española de Caza envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitó un encuentro a propósito de esa norma.
Para Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, el borrador legislativo es "un absoluto despropósito" porque "maltrata a los animales" al abogar por "la mutilación genital de hembras y machos de animales de compañía" (esto es, su esterilización), así como por la "no crianza" y por "no poder regalar un perro a nadie".
Gallardo recalca que la norma plantea "un nuevo modelo social donde los animales están por encima de los seres humanos", "va en contra de la libertad del individuo" e invade competencias autonómicas. Además, asegura que "en teoría" ya se identifica a todos los perros con microchip y que la ley "acabaría con mucha probabilidad con la caza en España" al plantear limitaciones o prohibiciones para el tiro al pichón, el silvestrismo y la caza con perdiz de reclamo.
"La ley atenta contra la tenencia de perros de caza cuando el perro de caza no es un animal de compañía, es mucho más, un perro útil para la actividad que trabaja y sin duda es feliz en la acción cinegética", afirma. Para Gallardo, el colectivo de los cazadores vería como "un avance importante" que la norma deje fuera a los animales que se emplean en actividades cinegéticas.