El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, ha remitido Asuntos Exteriores un paquete de propuestas para impulsar una «agenda de paz» ante la crisis de Ucrania que, entre sus medidas, plantea promover una retirada «mutuamente acordada» de las tropas movilizadas durante los últimos días en el marco de la escalada. En este documento, que contiene 16 puntos, solicita en el marco de la solución dialogada a la crisis por la que apuesta el Ejecutivo de coalición, se asuma el mandato de la Agenda 2030 para la paz, acorde con la resolución firmada por el Ejecutivo de propiciar «sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia». S
egún explica el Ministerio desde este documento, el compendio de propuestas aporta aspectos que pueden contribuir a garantizar una desescalada del conflicto «desde el diálogo y la diplomacia». De hecho, la ministra recuerda en esta misiva que desde el inicio de 2022 asisten a un aumento de tensión en la zona, con movimientos de tropas rusas a sus fronteras con Ucrania, declaraciones «cruzadas» y desplazamientos de tropas de la OTAN en Europa del Este. «El conflicto ha entrado en una nueva fase aún más peligrosa en la que corremos el riesgo de que cualquier incidente pueda desencadenar un conflicto militar entre potencias nucleares», ahonda. Precisamente ayer Belarra subrayó en un acto en León que el Ejecutivo progresista debe seguir el mandato que dio la ciudadanía con el 'No a la guerra' en 2003. Y el pasado miércoles ahondó en que la senda es el diálogo y no los «aspavientos belicistas».
De cara a evitar esas consecuencias, han remitido al departamento que dirige José Manuel Albares un paquete de medidas desde una «óptica realista, europea e inspiradas en »el espíritu« del acuerdo de coalición, que »contarían con el respaldo de una amplia mayoría social« del país. Entre las 16 medidas lanzadas por Derechos Sociales, se insta a la retirada »mutuamente acordada« de tropas y llamar también a desescalar »el lenguaje utilizado por los medios de comunicación, gobiernos y partes implicadas en el conflicto«. Por otro lado, exhorta a reforzar todos los mecanismos multilaterales (como el Cuarteto de Normandía, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa --OSCE-- y la ONU) y profundizar en vías diplomáticas y de diálogo, y »no desde el envío de tropas y la amenaza de sanciones«. Además, ahonda en que el reconocimiento de la soberanía nacional de Ucrania »no será óbice« para que España y los socios de la Unión Europea cesen de promover la ampliación de la OTAN hacia el Este. También alude a fomentar el cumplimiento íntegro de los Acuerdos de Minsk y apoyar los esfuerzos diplomáticos de Francia y Alemania en las negociaciones del Cuarteto de Normandía, como el mejor medio de seguir construyendo una postura coordinada.
Por otro lado, sugiere potenciar la autonomía estratégica de la UE y definir una acción exterior »independiente«, así como »repensar estratégicamente «las alianzas, unido a la construcción de una »nueva arquitectura colectiva de seguridad más horizontal». Otra medida es conseguir que Rusia y Estados Unidos vuelvan a asumir esquemas que abandonaron, singularmente el Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa y el Tratado de Cielos Abiertos.
A ello suma el impulso de una transición energética en la UE que potencie las renovables en el continente, para dejar de depender de combustibles fósiles, así como impulsar una conferencia europea de distensión en la zona, dado que la UE «siempre va ser vecina de Rusia». Por último, el documento elaborado por Derechos Sociales llama a garantizar la prohibición de venta de armas y material bélico en casos de conflicto, incluyendo la realización de una auditoría a la aplicación de la ley española de comercio de armas y del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. A ello suma el fomento de la desnuclearización, ejecutar las resoluciones de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad en situaciones de conflicto relativas a la inclusión de la perspectiva de género y la participación de las mujeres en la resolución de conflictos y procesos de paz; la protección contra la violencia sexual y la promoción de sus derechos. Finalmente, demanda el refuerzo de los procesos de acogida de solicitantes de asilo en España y la UE, estableciendo vías legales y seguras para las personas procedentes de Ucrania que lo necesiten.