El Defensor del Pueblo abrirá una investigación sobre el caso de presunto espionaje a más de 60 independentistas, muchos de ellos catalanes, por medio de la herramienta de software Pegasus, ha informado hoy esa institución. La oficina del Defensor «está analizando las informaciones sobre una eventual utilización inadecuada de las herramientas de software Pegasus que hayan podido poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, en particular los relacionados con el derecho a la privacidad», ha explicado la fuente.
La institución, que actúa en calidad de alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos constitucionales «va a recabar los datos precisos para abrir una actuación de oficio a fin de contribuir al buen funcionamiento institucional y velar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución», ha indicado. La decisión del Defensor del Pueblo se ha dado a conocer mientras el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, se reunían en el Palau de la Generalitat para tratar de rebajar la tensión por esta denuncia de espionaje.
Según fuentes del Gobierno, es «muy importante» seguir manteniendo la misma voluntad de diálogo que se ha venido practicando hasta ahora con el Govern desde que Sánchez es presidente. Fuentes de la Generalitat señalan que en el encuentro Vilagrà reclamará «explicaciones claras» sobre el caso e insistirá en que hay que «asumir responsabilidades». La reunión entre Bolaños y Vilagrà, según las mismas fuentes, «no sustituye» la conversación que Aragonès espera mantener en los próximos días con Sánchez.
Lo que debería hacer ahora mismo el Defensor del Pueblo, para merecer a esa denominación, es instar al Congreso a que se cambie la vigente ley de la dictadura franquista de "secretos oficiales", para que cuando se investigue judicialmente un presunto delito nadie pueda escudarse en esa aberración legal.