El juez que investiga el supuesto espionaje a los móviles del conseller Roger Torrent y al concejal Ernest Maragall, de ERC, les ha requerido ahora que aporten los teléfonos que fueron infectados para analizarlos, al año y medio de que se lo solicitara el fiscal del caso.
En una providencia firmada el pasado lunes, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, José Antonio Cruz, requiere al abogado de ambos dirigentes de ERC que aporten los terminales que fueron presuntamente atacados con Pegasus, para llevar a cabo el informe pericial correspondiente.
El magistrado ha ordenado esta diligencia, encaminada a analizar los teléfonos espiados, más de año y medio después de que se lo solicitara el fiscal del caso, que presentó un escrito en ese sentido el 15 de octubre de 2020. El juez abrió en julio de 2020 diligencias por un delito de revelación de secretos a raíz de las querellas que presentaron Torrent y Maragall, una vez supieron que figuraban entre las 1.400 personas afectadas por un ataque con el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, en 2019.
Precisamente, el mismo juez debe decidir ahora si admite a trámite las querellas que el pasado lunes presentaron los miembros de la CUP y de Òmnium Cultural para que investigue el supuesto espionaje de que fueron víctimas a través de Pegasus, junto a otros 60 independentistas. El juez podría tomar esa decisión tras pedir a la Fiscalía que se pronuncie sobre la acumulación de las nuevas querellas a la causa ya abierta por el espionaje a los móviles de Maragall y Torrent.
En paralelo, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por lo que no es descartable que el juez de Barcelona trate de inhibirse en su favor para que asuma también las querellas que tiene en sus manos. La investigación sobre los ataques a los móviles de Maragall y de Torrent está a la espera de las comisiones rogatorias que el juez remitió en octubre de 2020, una de ellas a Israel.
En concreto, el juez pidió a las autoridades israelíes que requirieran a la empresa NSO Group Technologyes Limited aclarar si comercializa el Pegasus -que según The New Yorker es un software que solo pueden comprar gobiernos- y aportar datos y registros informáticos sobre el uso de ese sistema en los móviles de Maragall y Torrent.
Los dirigentes de ERC tuvieron constancia del supuesto espionaje a través de sendos correos electrónicos que les remitió WhatsApp en los que se les indicaba que sus móviles pudieron haber sido jaqueados por medio de la implantación de Pegasus. En la querella que presentaron en los juzgados de Barcelona, los dos dirigentes de ERC pedían que se tomara declaración como investigado a Félix Sanz Roldán, director del CNI cuando se produjo el supuesto espionaje, y a los responsables de NSO Group, pero el juez descartó esas diligencias, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía.