El Govern catalán ha aprobado este lunes un decreto ley que fija explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25 % de clases en castellano. Lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, en rueda de prensa después de que el Ejecutivo catalán se haya reunido de forma extraordinaria para aprobar este decreto el día antes de que finalice el plazo del TSJC para aplicar la sentencia.
El decreto también atribuye a la Conselleria d'Educació la potestad de validar y asumir «la responsabilidad sobre la legalidad» de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes. La intención inicial del Govern era que antes de aprobar este decreto el Parlament diera luz verde a la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que pactaron el PSC, ERC, Junts y los comuns, y que quedara aprobada esta doble respuesta a la sentencia del 25% antes del plazo fijado por el TSJC. Sin embargo, la petición de Vox, Cs y el PP de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha retrasado la aprobación de la ley del catalán en el Parlament y el Govern ha decidido anticiparse e impulsar el decreto antes de finalizar el plazo del TSJC.
Así, una vez aprobado en el Consell Executiu extraordinario el decreto ley será plenamente válido cuando lo publique el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) como muy tarde la medianoche de este lunes, y ha asegurado que este martes la Generalitat dará las instrucciones «muy claras y con muy poco margen de duda» a los centros educativos para aplicarlo. Plaja ha destacado que este decreto permite salir del «callejón sin salida» que considera que supone la sentencia del 25% de castellano, y al ser preguntada por si cree que deja sin efecto esta sentencia, ha contestado que esta nueva norma da respuesta a esta decisión judicial y protege el modelo de escuela catalana. «Habrá que ver si esta judicialización no tiene fin y esto va a otras instancias», ha añadido, y ha recalcado que el decreto tiene toda la validez jurídica y da cobertura a los centros educativos.
La portavoz ha argumentado que con este decreto ahora hay un nuevo marco normativo que «fija cuáles son los criterios y los límites de la escuela catalana», y considera que se garantizará que las decisiones judiciales no afecten al funcionamiento de la enseñanza en Cataluña. Sobre qué apoyos prevén en el Parlament para convalidar el decreto, la portavoz del Ejecutivo ha afirmado que ya están trabajando para lograr estos votos y ha defendido que es un buen decreto, por lo que cree que se podrá validar «sin problemas».
El decreto ley, firmado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, consta de cuatro artículos y en el primero expone que el objetivo de esta iniciativa es fijar los «criterios aplicables en la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión» de los proyectos lingüísticos de las escuelas. De esta manera, en el segundo artículo establece que el primero de estos criterios es que el catalán debe ser la «lengua propia, lengua normalmente utilizada, lengua vehicular y de aprendizaje, y lengua de uso normal en la acogida del alumnado». También plantea que se debe garantizar que los alumnos alcancen el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria, y subraya la necesidad de que se analice el entorno sociolingüístico de los centros, del entorno general y de los objetivos de normalización lingüística «para garantizar la eficacia de los proyectos educativos y lingüísticos». Además, el último de estos criterios es «la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».
El decreto dicta que los centros educativos deben elaborar un proyecto lingüístico que se adecue a los criterios anteriores a través de las estrategias educativas y los recursos didácticos necesarios para alcanzar las competencias lingüísticas, y teniendo en cuenta «las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado». Asimismo, señala que estos proyectos lingüísticos deben revisarse y modificarse «en función del conocimiento oral y escrito y del uso de las lenguas que el alumnado acredite en las diferentes etapas educativas» a través de pruebas y evaluaciones tanto internas como externas en periodos no superiores a los dos años.
Una vez elaborado por parte de las escuelas, la Conselleria de Educación deberá validar en el plazo de 30 días que el proyecto lingüístico se adecua a la normativa vigente y asume su responsabilidad legal. En caso de que el departamento considere que el proyecto lingüístico no se ajusta a los criterios fijados por este decreto ley, deben revisarse lo antes posible en un plazo de seis meses desde el inicio del curso, y la Conselleria deberá asesorar a los centros en el proceso de elaboración de estos proyectos, «así como en la toma de decisiones que puedan afectarles de forma relevante». Asimismo, la disposición transitoria del decreto indica que esta validación de los proyectos lingüísticos de los centros se deben aplicar a partir del inicio del curso 2022-2023.