El Consejo de Ministros ha dado luz verde este lunes, víspera del Día Internacional del Orgullo LGTBI, al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que despatologiza a las personas trans al eliminar la exigencia de un informe médico para que estas puedan cambiar su nombre en el Registro Civil. «Es una ley muy importante que viene a continuar con la tarea y la labor que este país emprendió en el año 2005 con la ley para el matrimonio de las personas del mismo sexo del presidente Zapatero», ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Con la nueva norma, las personas que quieran hacer un cambio registral de nombre y sexo deberán pasar por un proceso de doble comparecencia.
En el primero cubrirá un formulario en el que manifestará su disconformidad con el sexo mencionado y la petición de cambio y recibirá información de las consecuencias legales que tendrá este cambio, solicitando la rectificación. En la segunda, que debe ser en un plazo no superior a tres meses, la persona solicitante ratificará su solicitud y la persistencia de su decisión de cambio de sexo. En el plazo de un mes tras esa segunda comparecencia, la persona encargada del Registro Civil dictará una resolución.
Además de esta medida, el proyecto de Ley permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana y el Gobierno se compromete a redactar una Orden Ministerial en el plazo de 6 meses para ampliar este derecho a las personas trans con capacidad de gestar. Del mismo modo, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia de que esta haya dado su consentimiento; consolida derechos para las personas trans y LGTBI en el ámbito educativo y laboral; y garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realicen conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado.
Este texto, que pasa ahora a su fase de tramitación en el Congreso, también prevé la inclusión en los currículums educativos del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como un objetivo en todas las etapas, así como formación en la materia para todo el profesorado, entre otras medidas.
Este gobierno está tan consumido por la ideología woke que frente a personas sufriendo de trastornos psiquiátricos (depresión, ansiedad, disforia de género, etc.) influenciadas por los medias y las redes sociales, prefiere obligar el resto de la población a ignorar la biología y la realidad empírica para confortar estas personas en su percepción patológica que tratarlos. Es un abandono de sus responsabilidades a las personas vulnerables. Todo eso en nombre del “progresismo” que no es nada más que una ideología destructiva postmodernista y totalmente sesgada. La izquierda, incapaz de definir lo que es una mujer y lo que es un hombre, está haciendo un daño inconmensurable a nuestra sociedad y generando generaciones de personas con problemas de salud mental, los futuros votantes a quien convencerán a golpes de propaganda que son victimas y que solo la izquierda cuidará sus intereses. Esa ley es una barbaridad que ignora los datos científicos (por eso se empeñan a pretender que la ciencia es una cosa “heteropatriarcal”), un ladrillo más en la empresa de desconstrucción del mundo occidental. La descalificación irracional de la razón es el arma de los regímenes socialista-comunistas históricos que tienen las manos cubiertas de sangre. Animo todo el mundo a leer el libre de Abigail Shrier sobre los daños irreversibles de la ideología trans.