El Consejo de Ministros ha dado luz verde este lunes, víspera del Día Internacional del Orgullo LGTBI, al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que despatologiza a las personas trans al eliminar la exigencia de un informe médico para que estas puedan cambiar su nombre en el Registro Civil. «Es una ley muy importante que viene a continuar con la tarea y la labor que este país emprendió en el año 2005 con la ley para el matrimonio de las personas del mismo sexo del presidente Zapatero», ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Con la nueva norma, las personas que quieran hacer un cambio registral de nombre y sexo deberán pasar por un proceso de doble comparecencia.
En el primero cubrirá un formulario en el que manifestará su disconformidad con el sexo mencionado y la petición de cambio y recibirá información de las consecuencias legales que tendrá este cambio, solicitando la rectificación. En la segunda, que debe ser en un plazo no superior a tres meses, la persona solicitante ratificará su solicitud y la persistencia de su decisión de cambio de sexo. En el plazo de un mes tras esa segunda comparecencia, la persona encargada del Registro Civil dictará una resolución.
Además de esta medida, el proyecto de Ley permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana y el Gobierno se compromete a redactar una Orden Ministerial en el plazo de 6 meses para ampliar este derecho a las personas trans con capacidad de gestar. Del mismo modo, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia de que esta haya dado su consentimiento; consolida derechos para las personas trans y LGTBI en el ámbito educativo y laboral; y garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realicen conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado.
Este texto, que pasa ahora a su fase de tramitación en el Congreso, también prevé la inclusión en los currículums educativos del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como un objetivo en todas las etapas, así como formación en la materia para todo el profesorado, entre otras medidas.