La portavoz del Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha anunciado este martes que su grupo apoyará la nueva Ley de Memoria Democrática tras haber pactado con los grupos del Gobierno que la norma reconozca a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983. Esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante los 5 años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de gobierno de Felipe González -que llegó al Ejecutivo en octubre de 1982-. También se contempla declarar «ilegales» los tribunales creados por el franquismo.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Aizpurua se ha felicitado por un pacto que, a su juicio, servirá para mejorar y hacer «más ambiciosa» la legislación en materia de memoria histórica que sustituirá a la vigente desde 2007. Además, Bildu ha aludido al acuerdo sobre otras dos enmiendas que ha cerrado con el PSOE y Unidas Podemos. La primera prevé que en un año el Fuerte de San Cristóbal, de Pamplona, utilizado como cárcel durante el franquismo, sea declarado Lugar de Memoria; y la segunda, la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián.
Ese edificio fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias de Francisco Franco en la ciudad, después residencia del gobernador civil de Guipúzcoa y donde fueron torturados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Asimismo, ha explicado que gracias a una enmienda pactada con Bildu, la nueva norma garantiza la creación de una comisión independiente de expertos que estudie y realice un informe de conclusiones sobre «el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos».
Otro de los pactos que la coalición abertzale ha sellado con los grupos del Gobierno contempla la declaración «explícita» en la ley de la «ilegalidad e ilegitimidad» de los tribunales franquistas constituidos a partir del Golpe de Estado de 1936, así «como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas». El acuerdo permitirá al PSOE y Podemos acercarse a la mayoría suficiente para aprobar la Ley de Memoria Democrática pese a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos y la falta de acuerdo con Esquerra, y es que el Gobierno también tiene atado el apoyo del PNV y de otras minorías.