La exdiputada catalana de la CUP Anna Gabriel, que huyó a Suiza en 2018 poco antes de ser procesada en el caso del procés, se ha presentado este martes en el Tribunal Supremo para regularizar su situación, y el magistrado Pablo Llarena ha decidido dejarla en libertad y citarla a declarar próximamente. Gabriel ha comparecido voluntariamente ante el juez instructor, que ha decretado su libertad provisional con la obligación de comparecer en el Supremo cuantas veces sea llamada y de designar un domicilio y teléfono donde ser localizada.
La exdiputada de la CUP ha acudido acompañada de su nuevo abogado, Iñigo Iruín, el mismo que defiende a la exconsellera catalana Meritxel Serret, que hace un año se convirtió en la primera procesada en el caso que regresaba a España para ponerse a disposición del tribunal después de huir a Bélgica en 2018. Anna Gabriel fue investigada como presunta autora de un delito de desobediencia por su participación en el proceso de independencia de Cataluña en 2017 y no existía contra ella ninguna orden internacional o europea de detención dado que el delito no lleva aparejada pena de prisión, sino de inhabilitación y multa.
El magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, sí que dictó contra ella una orden nacional de búsqueda y detención con el objetivo de que fuese puesta a disposición del tribunal para tomarle declaración. Tras comparecer este martes, Llarena ha dejado sin efecto dicha orden así como la declaración de rebeldía que pesaba sobre ella desde julio de 2018. Gabriel está procesada por un delito de desobediencia, el mismo al que se enfrenta Meritxell Serret (que en un principio también fue investigada por malversación) y que finalmente se sentará en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no en el del Tribunal Supremo, de modo que es posible que la exdiputada de la CUP corra la misma suerte.
El juez Llarena procesó a Gabriel en marzo de 2018 al considerar que aunque no fue «notificada o requerida para la observancia de los mandatos del Tribunal Constitucional», es «evidente que la inconstitucionalidad del proceso es de notoriedad pública desde hace varios años, habiendo incluso determinado condenas anteriores por este mismo delito». Consideró que había indicios de que podría haber incurrido en un delito de desobediencia al presentar la proposición de ley del referéndum el 6 de septiembre de 2017.
Llarena la procesó junto a Mireia Boya, expresidenta del grupo de la CUP, que fue juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña junto a los miembros de la Mesa del Parlament durante el procés catalán y que, a diferencia de ellos, resultó absuelta, precisamente porque no recibió ningún requerimiento directo del TC y no podía por su cargo impedir la tramitación de las leyes de desconexión.