La propuesta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición llega este jueves al Congreso, que abordará la toma en consideración de la reforma con una inusual votación a viva voz y diputado por diputado, fórmula a la que ha forzado el PP con el objetivo de que los socialistas tengan que «retratarse». El debate sobre la polémica iniciativa para convertir el delito de sedición en desórdenes públicos agravados con una pena de hasta 5 años de cárcel se produce en un momento especialmente tenso entre el Gobierno y el PP, con constantes cruces de reproches en una semana en la que previsiblemente el Ejecutivo sacará adelante este mismo jueves los presupuestos generales de 2023.
Tras la votación de las cuentas públicas, el Congreso celebrará un segundo pleno en el que aprobará previsiblemente la toma en consideración de la reforma del delito de sedición tras un debate que, de entrada, se espera bronco tras las duras críticas al texto que han llegado desde PP, Vox y Ciudadanos, que consideran que está hecho a medida para los líderes independentistas catalanes implicados en el «procés». Por el momento, el PP ya ha forzado a que la votación sea por llamamiento, es decir, diputado a diputado y a viva voz, para que cada parlamentario socialista manifieste su voto en público.
Los 'populares' pueden obligar a que se celebre de esta manera porque tienen más de una quinta parte de los diputados, como estipula el Reglamento del Congreso. Se trata de una votación muy inusual, ya que esta fórmula solo se emplea para mociones de censura, cuestiones de confianza o debates de investidura; se hizo también, por ejemplo, con la ley de abdicación en 2014, cuando el rey Juan Carlos abdicó en su hijo, Felipe V. Tras la votación, esta iniciativa iniciará su tramitación parlamentaria, que continuará después con la presentación de enmiendas de totalidad y luego al articulado, proceso en el que podrían registrarse enmiendas para modificar también el delito de malversación, como quiere ERC.
Los republicanos trasladarán esta reclamación al pleno, pese a que el Ejecutivo ha enfriado las expectativas después de que los socios de coalición, Unidas Podemos, y los aliados de investidura no vean claro la modificación de un delito que podría afectar a otros casos de corrupción. La urgencia por tomar en consideración esta proposición de ley es otro de los aspectos que centran las críticas de PP y Ciudadanos. Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo cargan duramente contra el Ejecutivo por pisar el acelerador con esta reforma exprés con el objetivo de tener el apoyo de los independentistas a los presupuestos.
De salir adelante, la propuesta, que rebaja de 15 a 5 años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse «desórdenes públicos agravados», con hasta 8 años de inhabilitación, podría acarrear una revisión de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los líderes del «procés» ya indultados, como Oriol Junqueras. Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont, que aún no se ha sentado en el banquillo al estar fugado, se servirá de esta reforma ante la Justicia europea para intentar conseguir que se le reconozca la inmunidad parlamentaria, aunque fuentes del Supremo aseguran que ésta no le protegería en España.
"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. Artículo 544 del Código Penal" Es decir que una vez derogado el delito de sedición, ya será legal "alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad" y por lo tanto podrán volver a organizar otro referendum ilegal sin miedo alguno a ser juzgados, porque será una conducta legal.