La votación pública por llamamiento, que supone que cada diputado proclama su voto de viva voz en el pleno del Congreso, es una práctica inusual para las leyes y que se reserva obligatoriamente para grandes debates como la sesión de investidura del presidente del Gobierno, mociones de censura y cuestiones de confianza. Sin embargo, también se trata de un derecho que tienen los diputados y que contempla el artículo 85 del reglamento del Congreso para que, frente a leyes trascendentes, se retraten públicamente todos los parlamentarios. Es el caso de hoy en la votación de la toma en consideración de la proposición de ley que reforma el delito de sedición y ante la que el PP ha pedido votar de forma individual y pública para que los diputados de las comunidades autónomas socialistas "queden retratados" después de que sus barones se hayan mostrado en contra de esta ley.
Sin embargo, en el Congreso no es habitual que se vote de viva voz las tomas en consideración de proposiciones de ley y en todo caso esta fórmula se ha circunscrito en el pasado a leyes orgánicas históricas como la que hizo efectiva la abdicación del rey Don Juan Carlos o la que reformó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por otro lado, las votaciones nominales por llamamiento más recientes fueron en 2020 la de la investidura de Pedro Sánchez y en 2018 la de la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Se trata de una votación que no admite demasiado margen de error, ya que es precisa y directa al tiempo que exhibe la opinión de cada diputado. Además exige cerrar las puertas del hemiciclo. En el caso de las leyes, esta fórmula fue utilizada en 2014 para aprobar la ley orgánica que permitió la abdicación del actual rey emérito y que fue avalada por el Congreso con más del 85 % de los diputados. Sin embargo se trató de un debate bronco, ya que el grupo parlamentario de Izquierda Plural y el Grupo Mixto -que solicitaron este tipo de votación- aprovecharon el pleno para reivindicar un referéndum sobre Monarquía o República.
En aquel momento, cuando los diputados son nombrados por el secretario para responder con un "sí", "no" o "abstención", los once diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV, EUiA, CHA) utilizaron la fórmula "por más democracia voto no" para pronunciarse en contra de la ley de abdicación. El reglamento de la Cámara recuerda que las votaciones pueden ser públicas si lo solicitan dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados y que es un secretario de la Mesa el que hace el llamamiento por orden alfabético de primer apellido, comenzando por el diputado cuyo nombre sea sacado a suerte en una saco con el mismo número de bolas que diputados y numeradas. El Gobierno y la Mesa votan al final.
En 2006, a petición del PP se votó así la reforma del Estatuto de Cataluña y el primero en votar fue el portavoz de Coalición Canaria-Nueva Canarias, Paulino Rivero, diputado número 267. A partir de él fueron expresando sus posiciones todos los demás diputados en orden alfabético. "Señor Rivero, como anécdota del día diré que este método (el de sacar un número de un saco) tiene un nombre horrible, porque se llama de insaculación, y no sé por qué, aunque no se lo crean, sabía lo del saco", admitía con humor el entonces presidente de la Cámara, Manuel Marín.