La propuesta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición se abrirá definitivamente paso en el Congreso, que esta noche ha apoyado tramitar la iniciativa después de un agrio debate repleto de críticas al Ejecutivo por parte de la oposición, que la considera un pago al independentismo. Al filo de la 1 de la madrugada, tras una maratoniana jornada parlamentaria en la que el Gobierno ha conseguido sacar adelante los Presupuestos Generales de 2023, la cámara baja ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa, con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones que los diputados han ido anunciando uno a uno y a viva voz.
Eso sí, con la advertencia de algunos grupos minoritarios de que presentarán enmiendas al considerar que el nuevo delito de «desórdenes públicos agravados» puede criminalizar las protestas y movilizaciones. La reforma propuesta aboga por borrar el delito de sedición del Código Penal y convertirlo en «desórdenes públicos agravados» con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de prisión y contempla hasta 8 años de inhabilitación. Una iniciativa que ha vuelto a concentrar las críticas de la derecha del arco parlamentario, que ve en ella una cesión al independentismo catalán a cambio del apoyo a los Presupuestos, algo que ha negado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El debate, que se ha prolongado durante más de dos horas, se ha producido en ausencia del Gobierno, lo que ha sido objeto de reproches, y sólo a mitad del mismo se ha podido ver en la bancada del Ejecutivo a su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque en el momento de la votación se han ido incorporando algunos ministros.
Por boca de Francisco Aranda, y Unidas Podemos, de la mano de Jaume Asens, han defendido la necesidad de suprimir el delito de sedición para adaptar el Código Penal a los «estándares europeos», y han reivindicado la apuesta por el diálogo y la convivencia del Gobierno en Cataluña frente a la falta de propuestas del PP en la comunidad autónoma. «Nunca hubo más independentismo que con Rajoy», ha sentenciado Aranda, del PSC, que ha presumido de que, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, «se ha rebajado la tensión política y social» en Cataluña, donde los ciudadanos «están cada vez menos interesados en la independencia». Argumento compartido por Asens, que ha achacado al PP ser una «fábrica de independentistas» frente a una propuesta que considera «un paso importante para recuperar la normalidad democrática en Cataluña», a la vez que ha lanzado duras críticas a JxCAT por su oposición a la reforma: «Recordamos cuando se llamaban CiU y apoyaban los recortes del PP y criminalizaban las protestas».