La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha tildado este jueves de «atropello institucional sin precedentes» el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional para paralizar su propia reforma legislativa. En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a La Palma ha admitido que al Gobierno le «preocupa» la actual situación porque es «absolutamente grave» que se trate de «amordazar» a la voluntad popular que reside en el Congreso de los Diputados.
Ha apuntado que el PP, «cuando no ocupa las instituciones, las bloquea», y ha puesto como ejemplo que «cuestiona la legitimidad del Gobierno» y ha bloqueado los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su opinión, la actitud del PP «pone en duda» la democracia y un hecho de esta naturaleza «nunca se había dado» desde un grupo parlamentario, en este caso, «el principal partido de la oposición», criticando también que «se quiera cercenar» la labor del poder legislativo que «representa al pueblo español».
Rodríguez ha insistido en que la iniciativa del PP «es un ataque a las instituciones» que revela «la forma de concebir la democracia» que tiene la formación conservadora: «O yo gano o nada vale». La portavoz ha mostrado su deseo de que el TC «no termine aceptando esta propuesta» dado que el Congreso «es la voz de los españoles» y «ningún otro poder puede cuestionar esa tarea». «Es un atropello institucional sin precedentes, espero que no se produzca», ha agregado.
Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha solicitado apartar al presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, de la deliberación del recurso del PP donde se pide paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma sobre el propio TC, al considerar que tienen un conflicto de interés porque, de aprobarse dicha reforma, serían sustituidos por los nuevos magistrados nombrados por el Gobierno.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los 'morados' explican que según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) «es causa de abstención y, en su caso, de recusación 'tener interés directo o indirecto en el pleito o causa'». Y en este caso, señalan, «los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales». Cabe recordar que González-Trevijano y Narvaéz son dos de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Ellos dos fueron los nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los otros dos que continúan en funciones -el vicepresidente, Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares- fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).