El Tribunal Constitucional ha decidido aplazar hasta el lunes la decisión sobre si paraliza la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC que se pretenden aprobar este jueves en el Congreso de los Diputados a través de enmiendas a la reforma del Código Penal. Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno extraordinario del tribunal de garantías convocado para estudiar esta cuestión debe resolver primero sobre las recusaciones de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.
El Pleno del Constitucional se había retrasado hasta el mediodía para estudiar los escritos presentados por PSOE, Vox y Unidas Podemos, que pide recusaciones. Fuentes jurídicas han informado de que el presidente Pedro González-Trevijano a petición del vicepresidente Juan Antonio Xiol, -que le ha transmitido la petición de algunos magistrados- ha acordado retrasar el comienzo del Pleno dos horas más tarde de la hora fijada previamente.
El motivo es estudiar todos los escritos presentados en las últimas horas, a saber un amparo de Vox con cautelarísimas y dos de PSOE y Unidas Podemos en los que piden personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo. A ello se suma que Unidas Podemos ha pedido también la recusación del presidente y del magistrado Enrique Arnaldo -precisamente el ponente del recurso del PP- al considerar que no son imparciales para decidir sobre el recurso acerca de los cambios en el Poder Judicial.
Según Podemos, González-Trevijano «tiene el mandato caducado y es anómalo que participe en una decisión que le incumbe a él directamente» y de Arnaldo señala que «fue propuesto por el PP y tiene un vínculo muy estrecho con el partido». Así las cosas, el Pleno tiene que resolver sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP, pero ahora también sobre las recusaciones.
El PP presentó este miércoles un recurso ante el tribunal de garantías con una petición cautelarísima que pasa por suspender los acuerdos en los órganos del Congreso que han permitido tramitar los cambios en el Código Penal. Los populares pidieron al Constitucional que se pronunciara antes del Pleno de este jueves para que esas enmiendas no se puedan aprobar en caso de que los magistrados atiendan su petición.
Vox ha seguido los pasos del PP y en un recurso de amparo registrado este jueves, el grupo parlamentario pide al tribunal de garantías suspender la tramitación de la proposición de ley de reforma del Código Penal y declarar su nulidad por haber sido incluido en el orden del día del pleno del Congreso. Pero además, el grupo socialista y Unidas Podemos presentaron anoche sendos escritos en el Tribunal Constitucional en los que piden personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo Los socialistas advierten de que un paralización del proceso legislativo «impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos» y para Unidas Podemos «es la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F».