El acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional (TC) llega 198 días después de que cuatro magistrados vieran caducar su mandato y tras una situación inédita en la que una corte dividida suspendió de urgencia una tramitación parlamentaria en la que se buscaba modificar el sistema de elección y la llegada de los dos candidatos al tribunal que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han conseguido presentar los nombres de los cuatro magistrados del TC que relevarán a los que vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio y que han estado seis meses en funciones a la espera de que el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces dieran el paso para la renovación parcial de la corte de garantías. Con este acuerdo, se formalizará la salida del presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, de su vicepresidente Juan Antonio Xiol y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.
En su día, González-Trevijano y Narváez fueron los dos propuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que Xiol y Martínez-Vares fueron los nominados por el CGPJ. La Constitución establece que el tribunal debe renovarse por tercios cada tres años. Así, el Gobierno y el CGPJ debían haber designado a cuatro de los 12 magistrados hace seis meses, pero --a raíz de una reforma legal ejecutada en marzo de 2021 que prohibía al Consejo en funciones hacer nombramientos en la cúpula judicial-- el órgano de los jueces se veía limitado para elegir a los dos que le correspondían. Ante la imposibilidad de que el CGPJ pudiera cumplir su parte, el Ejecutivo sopesó designar a sus dos candidatos al Constitucional sin esperar al órgano de los jueces. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press arrojaron dudas sobre la posibilidad legal de que los nominados por Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los del Consejo.
Una reforma exprés para evitar el bloqueo
Este verano, ante esas dudas legales, la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ y a la vista de que el Constitucional se adentraba en un periodo con su presidente y su vicepresidente en funciones, el Grupo Socialista presentó una proposición de ley que impulsaba una reforma legal exprés. En concreto, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) posibilitaba desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional al devolver al CGPJ en funciones su capacidad de hacer nombramientos, pero solo para designar a sus dos candidatos a la corte de garantías.
El 21 de julio, el Senado aprobó la reforma exprés y habilitó al Consejo a nombrar a sus dos candidatos al tribunal de garantías, que se suman a los dos designados por el Ejecutivo y que deben recibir el visto bueno del Pleno del Constitucional antes de asumir el cargo. El Gobierno, sin embargo, le puso fecha límite para hacerlo: el 13 de septiembre. Este plazo generó malestar en el seno del CPGJ, especialmente en el sector conservador, lo que dio lugar a un bloqueo 'de facto' en las negociaciones internas.
Los desencuentros en el CGPJ
Tras estos movimientos, los vocales del CGPJ iniciaron los primeros contactos para establecer algunos candidatos. En un principio, sin embargo, el bloque conservador amenazó con negarse a efectuar las designaciones. Ante este escenario, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, avisó de que no consentiría «un CPGJ en rebeldía», porque la nominación de los dos aspirantes al Constitucional es una obligación que la Carta Magna impone al CGPJ. Un día después, los vocales conservadores celebraron una reunión interna para fijar postura y decidieron «defender en todo caso la institucionalidad», lo que implicaba llegar a «acuerdos debidamente consensuados» pero respetando «los tiempos de decisión del Consejo», según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro. Se acordó que el bloque conservador y el ala progresista estudiarían cada uno por su cuenta una batería de posibles candidatos y que el Pleno del CGPJ no se reuniría hasta que no hubiese nombres sobre la mesa. Posteriormente, se celebraron encuentros entre los interlocutores de ambos sectores, pero el plazo del 13 de septiembre se agotó sin acuerdo alguno.
Se requerían 12 de los 19 votos en juego --los de los 18 vocales más el de Lesmes--, de ahí que llegar a un acuerdo no fuese sencillo, porque hacía falta el giro de algunos vocales para alcanzar dicha mayoría de tres quintos. Lesmes llegó a convocar sin éxito hasta tres Plenos. Aunque los progresistas comunicaron sus nueve posibles candidatos, los conservadores alegaron que su búsqueda de aspirantes había sido «infructuosa». El pasado 5 de octubre, los interlocutores progresistas --los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach-- emitieron un comunicado en el que anunciaron que, ante el estancamiento y «la falta de horizonte temporal y concreto», habían decidido iniciar «la exploración de otras vías alternativas» para «cumplir en el plazo más breve posible» con el «mandato» constitucional de realizar los nombramientos.
La dimisión de Lesmes
La cuestión de los nombramientos al TC pasó a un segundo plano el 9 de octubre. Ese domingo por la tarde, Lesmes anunció que al día siguiente renunciaría a su cargo de presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, tras constatar la falta de avances en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo. Lesmes cumplió así lo que dijo durante el acto apertura del año judicial del pasado 7 de septiembre, cuando dejó caer que, si no había renovación, tendría que hacer cosas que no le gustaban pero eran necesarias, una velada amenaza de dimisión que minutos después confirmó a la prensa. No obstante, ese mismo día precisó que intentaría no abandonar hasta dejar al menos encaminadas las nominaciones al TC.
Por eso, trabajó hasta el último minuto para que los vocales conservadores y progresistas llegaran a un acuerdo sobre los dos aspirantes a la corte de garantías. La dimisión de Lesmes llevó al Gobierno a convocar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión en La Moncloa el mismo lunes que firmó la renuncia, lo que reactivó los contactos para la renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de los socialistas y los 'populares' de llegar a un acuerdo para elegir a los 20 vocales. Pero esas negociaciones también fracasaron cuando el PP se enteró de que el Gobierno estaba trabajando en una reforma para derogar la sedición.
Situación inédita
Aquella reforma se materializó y llegó a las Cortes Generales, donde el PSOE y Unidas Podemos propusieron vía enmienda --en la ley por la que se derogó la sedición-- modificar el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al tribunal que nombra el CGPJ. Esta vía, sin embargo, se vio paralizada por el propio Constitucional, toda vez que admitió aplicar las medidas cautelarísimas que solicitó el PP en un recurso presentado contra la tramitación de dichas enmiendas en las Cortes. Una decisión inédita en la historia del TC. Este martes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente, Pedro Sánchez, aseguró que si los vocales del CGPJ alcanzaban un acuerdo esta tarde para elegir a sus dos candidatos, la «urgencia» por presentar una proposición de ley que reforme el sistema y las mayorías necesarias para esos nombramientos «no sería la misma».
Horas después, el CGPJ anunció que había acordado por unanimidad respaldar la candidatura del magistrado del Supremo César Tolosa y la magistrada jubilada del Alto Tribunal María Luisa Segoviano. Ambos nombres se sumarán a los dos candidatos de la Moncloa: el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez.