El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en primera lectura, la primera ley de servicios sociales de la democracia, que establecerá unos servicios y prestaciones mínimas para todo el territorio español. La nueva Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, establece que las comunidades autónomas deberán acordar en el seno del Consejo Territorial, un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional, incluyendo las ratios de profesionales, con el objetivo de fomentar la igualdad en el territorio.
«Los servicios sociales son un eje fundamental de nuestro Estado de bienestar, quienes están ahí cuando las cosas se ponen más difíciles: cuando un niño o una niña vive una situación de violencia y necesita protección, cuando una persona mayor empieza a estar en una situación más difícil y necesita teleasistencia o cuando en una familia deja de entrar el único sueldo y necesita solicitar el Ingreso Mínimo Vital», ha destacado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Si bien, Belarra ha reconocido que existe una «importante desigualdad» en el acompañamiento que los servicios sociales ofrecen a los usuarios en las diferentes comunidades autónomas y ha añadido que existen unos «servicios sociales completamente asfixiados». Según ha precisado Belarra, después de los «durísimos» recortes experimentados por los servicios sociales entre los años 2012 y 2013, y las posteriores «privatizaciones en muchas comunidades autónomas», esta ley pretende ser «un balón de oxígeno» tanto para los profesionales de los servicios sociales «que han cubierto con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que debería haber garantizado mejor la administración pública», como para las personas usuarias, «para que sepan que es su derecho que lo público les atienda cuando las cosas vienen mal dadas».
Entre las novedades que introduce la ley, la ministra ha destacado la posibilidad de movilidad territorial, evitando la exclusión que ahora mismo se produce en el acceso a algunas prestaciones de los servicios sociales, en caso de trasladarse de un lugar a otro del Estado; o la eliminación del requisito del empadronamiento para acceder a estos servicios. Otro de los objetivos de la ley es, según el Ministerio, reforzar el sistema y la orientación del mismo hacia una atención «más personalizada, más integral e inclusiva, reduciendo las barreras de acceso» a la protección social y sentando las bases de un nuevo modelo de servicios sociales, alejado de un enfoque asistencialista y centrado únicamente en la emergencia.
También busca modernizar los servicios y terminar con los «laberintos burocráticos» que dificultan el acceso a estos derechos, y establece un plazo para la creación de una regulación específica para las ayudas económicas de emergencia social en el marco de la Ley de Subvenciones, de modo que estas ayudas puedan dar respuesta ágil a las situaciones de mayor necesidad a las que se enfrentan personas y familias en riesgo de exclusión social.
Otro de los cambios que se introducen es el reconocimiento de la esencialidad de los servicios sociales, así como la mejora del conocimiento y la gestión de la información para conocer con más detalle las distintas situaciones y el impacto de las intervenciones de cara a diseñar mejores políticas públicas. Asimismo, la ley fomenta la innovación social para que las mejoras prácticas se vayan incorporando a la labor de los servicios sociales. Según ha puntualizado la ministra, se trata de «un anteproyecto que consolidará en la legislación el proceso de la modernización de los servicios sociales que cuenta con una inversión de los fondos europeos, de 875 millones de euros entre 2021 y 2023». La ministra confía en que este anteproyecto llegue en segunda vuelta al Consejo de Ministros y que, posteriormente, en su tramitación parlamentaria, cuente con los suficientes apoyos, aunque prevé que contará con «la oposición de quienes quieren que nada cambie». «España sigue teniendo muchos enemigos», ha indicado.