La Fiscalía sostiene que la reforma del Código Penal que convirtió el delito de sedición en desórdenes públicos agravados y rebajó el de malversación permite mantener las condenas que el Tribunal Supremo impuso al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a tres exconsellers, y ha pedido que se dejen intactas sus penas de 13 años de inhabilitación.
Los cuatro fiscales del procés han remitido un escrito a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso EFE, en el que se oponen a la revisión de las condenas de aquellos líderes independentistas que, además de por sedición, fueron condenados por malversación -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa-, al considerar que sus condenas de inhabilitación siguen siendo posibles con el nuevo Código Penal y que revisarlas no les sería desfavorable.
Sí que apoyan rebajar las penas a los que solo fueron condenados por sedición, al considerar que las condenas de inhabilitación contempladas por los delitos que, tras la reforma penal, «sustituyen a la sedición en el caso concreto (la desobediencia y los desórdenes públicos agravados) son inferiores a la pena de inhabilitación absoluta impuesta».
Pide de este modo al Supremo que rebaje las condenas de inhabilitación a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (9 años y dos meses), a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (5 años por desórdenes públicos) y a los exconselles Joaquin Forn y Josep Rull (8 años y 2 meses). Todos los condenados fueron indultados, si bien sobre ellos siguen pesando las condenas de inhabilitación.