El PP ha pedido al Gobierno que cese a la actual secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, que en el año 2019, cuando se licitó y posteriormente se adjudicó el contrato con el error que ha afectado a los trenes de Cantabria y Asturias, era presidenta de Adif. Así lo ha solicitado la diputada 'popular' Alicia García durante el Pleno del Congreso de este miércoles, que ha cambiado la formulación de su pregunta, dirigida a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, e inicialmente enfocada a la recuperación de las frecuencias ferroviarias tras la pandemia, para centrarse en este tema de mayor actualidad y preocupación en las dos regiones afectadas.
La ministra Sánchez, por su parte, ha insistido en que «se van a dirimir las responsabilidades correspondientes, una a una, hasta sus últimas consecuencias» por el error en la contratación de trenes de Cercanías que no caben en los túneles de Cantabria y Asturias. Para ello, lo que estamos haciendo es encargar una auditoría tanto a Renfe como Adif, para saber qué es lo que ha ocurrido, ha explicado Sánchez en el pleno del Congreso, en respuesta a la diputada popular Alicia García, que ha acusado a la ministra de ser «incapaz de recuperar las frecuencias ferroviarias previas a la pandemia, pero capaz de contratar trenes que no caben por los túneles».
El proyecto de la renovación de la flota de Renfe de ancho métrico va financiado con fondos europeos, cuyo compromiso de finalización es el 31 de diciembre de 2024, y no se va a cumplir el plazo, con el riesgo de perder la financiación y los retrasos, ha advertido García. La ministra ha recordado que, durante estos días, ha dado las explicaciones, ha asumido la responsabilidad y es «la primera enfadada e indignada con esta situación, este error que se ha producido». Después del «calentón», lo que toca es precisamente pedir disculpas, dar la cara y depurar responsabilidades, y poner a disposición a los ciudadanos todos los recursos para que el rediseño de los trenes que se tienen que realizar se produzca lo antes posible, ha señalado.
«Este caso les puede servir evidentemente para atacar al Gobierno, generando malestar social», ha indicado Sánchez para insistir en que el ministerio reconoce el error y va a poner todos los medios para subsanarlo. Los trenes, las infraestructuras y las inversiones van a llegar a los cántabros y asturianos porque este Gobierno, a pesar de los errores, «trata de corregir los problemas que en la mayoría de casos ha heredado por una nefasta gestión del gobierno del Partido Popular», ha subrayado. «Esto a ustedes nunca les hubiera pasado porque, durante sus años de gobierno, no compraron ni un solo tren destinado a la red de Cercanías», ha agregado.
El apunte
El origen del problema
El origen del error se encuentra en los gálibos publicados en la declaración sobre la red de Adif, que Renfe usó para describir las características técnicas de los nuevos trenes en un contrato que publicó en 2019 para adquirir 31 trenes de ancho métrico, destinados a renovar la flota de la red de cercanías y media distancia, principalmente en el norte del país. En junio de 2020, Renfe le adjudicó este contrato a CAF, fabricante de trenes y autobuses con sede en País Vasco, por 258 millones de euros. Cuando preparaba el proyecto, CAF se dio cuenta de que había un error en los gálibos y que las vías no soportarían los trenes encargados y se lo trasladó a su cliente, Renfe.
El contrato adjudicado en 2020 fijaba en 220 meses el plazo de ejecución del contrato, en torno a 18 años y cuatro meses. Como incluía el mantenimiento durante 15 años de algunas unidades, los tres años y cuatro meses restantes sería el plazo para la fabricación de los trenes, aunque normalmente se entregan de forma progresiva. Por ello, los primeros trenes tendrían que haber estado listos, como tarde, en octubre de 2024.