La Fiscalía General del Estado reclamará en los próximos días a las entidades y congregaciones religiosas que le envíen datos sobre abusos a menores ante la falta de respuesta de la Conferencia Episcopal y la «escasísima información» recibida de las diócesis. Se dirigió a ellas el pasado noviembre y solo han respondido 29 de las 70 diócesis, según ha manifestado este jueves el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la Comisión de Justicia del Senado. García Ortiz ha recordado que el año pasado abrió un expediente de coordinación para hacer un seguimiento de los casos no prescritos en todo el territorio nacional.
En junio, un representante de la Conferencia Episcopal les remitió un escrito que reproducía la investigación realizada por el diario «El País» sobre los abusos sexuales en la Iglesia, pero cuando la Fiscalía pidió a los obispos que le informaran de los casos de los que tuvieran conocimiento, respondieron que no envían nuevos datos, «alegando que las oficinas de asistencia a la víctima de cada diócesis tenían personalidad jurídica propia y que no tenían competencia sobre las mismas».
Ante esa respuesta, la Fiscalía se dirigió a cada una de las setenta diócesis, recordándoles además su obligación legal de poner en conocimiento del Ministerio Público cualquier hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad sexual de un menor de edad. Pero solo han contestado 29 y con «respuesta de modelo», la mayoría afirmando no tener abiertos casos en procesos canónicos o remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales, ha denunciado García Ortiz. Según ha explicado, a la vista de «la escasísima información recibida», se va a remitir un oficios a las entidades y congregaciones religiosas a las que aluden las contestaciones de la Conferencia Episcopal «para recabar datos sobre abusos de los que la fiscalía todavía carece y sobre los que no ha sido informada»
Junto a esta investigación, ha recordado que la Fiscalía participa en la comisión de expertos creada por el Defensor del Pueblo para elaborar un informe sobre las denuncias por estas agresiones sexuales, marco en el que estudian cómo reparar a las víctimas en los casos en los que los hechos han prescrito y los autores han fallecido. Ese estudio, ha apuntado, analizará los referentes internacionales y autonómicos con el objetivo central de «dotar a las víctimas de una plataforma de escucha, reconocimiento y posterior reparación por los hechos sufridos».