La Fiscalía pide siete años de cárcel para el diputado de ERC y exalto cargo del Govern Josep Maria Jové y seis y tres meses para el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar el 1-O. En su escrito, presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el ministerio público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del 'procés' descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro. De esa forma, Jové, quien fue exsecretario de Vicepresidencia con Oriol Junqueras, se expone también a una pena de 32 años de inhabilitación y 30.000 de multa, mientras que Salvadó, exsecretario de Hacienda, afronta 27 años y tres meses de inhabilitación y multa de 24.000. La Fiscalía también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el TSJC procesó por un delito de desobediencia grave por su papel en los preparativos del referéndum del 1-0 desde el cargo que ocupaba en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.
Los tres cargos de ERC, que fueron detenidos en la operación de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum del 20 de septiembre de 2017, esperaban poder beneficiarse de la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno con el apoyo del partido republicano. Sin embargo, la Fiscalía ha optado por imputarles el delito de malversación que no se ha modificado en la reforma -con penas de hasta 12 años de prisión, en vez de los 4 como máximo previstos en la nueva malversación atenuada-, lo que ensombrece las perspectivas de la veintena de ex altos cargos del Govern que han sido procesados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por presunto desvío de fondos para organizar el 1-O. El ministerio público descarta, eso sí, acusar a Jové y Salvadó por el delito de revelación de secretos por el que los procesó el TSJC, que acarrea penas de prisión de hasta cinco años, y pide que se les condene a devolver a la Generalitat los 754.920 euros presuntamente desviados.
Según sostiene la acusación pública en su escrito de conclusiones provisionales, Jové, Salvadó y Garriga eran en 2015 altos cargos del Departamento de Vicepresidencia y Economía «bajo inmediata dependencia jerárquica» del entonces conseller Oriol Junqueras y «personas de máxima confianza» del líder de ERC. Los tres, añade el ministerio público, estaban «plenamente comprometidos con el programa electoral» con el que Junts pel sí ganó las elecciones, cuya hoja de ruta «iba directamente dirigida a la final declaración de independencia y apertura de un proceso constituyente», a través de «las denominadas estructuras de Estado». No obstante, recuerda la Fiscalía, la incapacidad de JxSí para obtener mayoría parlamentaria obligó a la coalición a negociar con la CUP la organización de un referéndum de autodeterminación «vinculante», acuerdo político en el que «tuvo singular relevancia la actuación» de Jové. Es en esas fechas cuando, según el ministerio público, Jové, «en solitario o con auxilio de terceras personas», redacta el documento EnfoCATs, una propuesta para «reenfocar el proceso de independencia para un resultado exitoso», que apostaba por la vía unilateral para lograr un «conflicto democrático de amplio respaldo ciudadano» que forzara al Estado a aceptar una negociación para independizarse o un «referéndum forzado».
El fiscal Pedro Ariche sostiene que Jové formaba parte del «comité ejecutivo» que debía desplegar el «plan estratégico para la independencia» y ejerció un «papel destacado» en las conversaciones con otros grupos independentistas, entre ellos la CUP, de las que iba tomando puntual nota en unas agendas particulares tipo moleskine que solía llevar. Una vez aprobado el referéndum, sostiene la Fiscalía, se reestructuraron las competencias de los departamentos de la Generalitat, de forma que «toda la actividad de preparación y ejecución pasó a ser controlada» por Jové, quien bajo la «inmediata dirección de Junqueras disponía además de los necesarios recursos económicos y logísticos precisos para la inminente celebración del mismo«. El Tribunal Constitucional suspendió el referéndum, pero, sostiene la Fiscalía, Jové» dedicó su actividad, de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud, a coordinar las actividades ejecutivas precisas para materializar" la votación, contratando diversos servicios para llevarla a cabo a cargo de fondos públicos.
Entre esos gastos, el ministerio público menciona las campañas publicitarias del 1-O, el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, mediante contratos con la empresa Unipost para su reparto «clandestino». También atribuye a Jové la firma de un convenio con Idescat para confeccionar el censo electoral del 1-O, con lo que la Generalitat obtuvo datos personales de los ciudadanos incluidos en los registros de población, agrega el escrito. La Fiscalía sostiene además que Jové y Salvadó «tomaron la decisión ejecutiva de llevar a la práctica las programadas estructuras de Estado» y conseguir «una suficiente financiación» para cuando Cataluña alcanzara la independencia.
Así, se «intensificó la sustitución» del programa de gestión de la Agencia Tributaria de Cataluña por otro «más potente y evolucionado» para recaudar impuestos de los catalanes sobre los que la Generalitat no tiene competencias, lo que según el fiscal también supuso un gasto de fondos públicos. En el caso de Natàlia Garriga, el escrito subraya que entre otras gestiones, "ejerció de enlace entre Jové y una funcionaria del Departamento para disponer de los locales necesarios donde almacenar el material electoral en Bigues i Riells (Barcelona), y participó en la adjudicación de varios contratos menores para unas obras en una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para que acogiera el centro de prensa y de recogida de datos del referéndum.