La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto continuar este lunes día 13 el juicio del caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona, en concreto con el bloque relativo a supuestos pagos y contraprestaciones por la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento.
El caso se inició en 2007 y ahora hay casi 50 acusados. En el bloque que comienza ahora hay 14 procesados, entre ellos el alcalde de dicho municipio, el exsocialista Antonio Barrientos; funcionarios municipales, como el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, y empresarios. Está previsto que continúe hasta el 26 de abril, con un total de 16 sesiones, incluida la de este lunes.
En este bloque, para el fiscal, en el Ayuntamiento de Estepona, «antes y después de las elecciones de 2007», hubo ocasiones en que «por decisión» del entonces alcalde y sobre todo de su jefe de gabinete, José Flores, «se supeditó la concesión de estas licencias al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales del PSOE, o favores de tipo personal».
Según el escrito del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, supuestamente «se presionó en particular a empresarios interesados en adelantar la entrega de promociones inmobiliarias, que para ahorrar gastos de financiación o evitar pérdidas entraban en contacto con Flores pretendiendo que se les liberara de algún trámite o requisito técnico, o que se agilizara la tramitación».
Asimismo, se indica que supuestamente se fijaba en el Gabinete de Alcaldía «el control de asuntos que debían ventilarse en el Área de Urbanismo», apuntando que presuntamente Flores «solía comunicar a los técnicos municipales que la Alcaldía estaba interesada en la rápida y favorable resolución del expediente», con lo que, había, «cuando menos», un adelanto de las inspecciones e informes.
La acusación fiscal habla de que se sometía al trabajador municipal «a una presión injustificada» y de que «esta práctica irregular fue detectada a través de las intervenciones telefónicas autorizadas en esta causa», que ahora han sido anuladas por la Sala que juzga el caso al estimar esa cuestión previa planteada por las defensas por no realizarse de forma justificada.
Así, la Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito provisional que son ocho las promociones urbanísticas en las que habría habido un supuesto trato de favor por parte de Alcaldía.
El primer bloque que ya se ha visto en el juicio ha versado sobre las actuaciones en materia de disciplina urbanística y sólo está acusado Barrientos, al que el fiscal achaca que «ignoró adrede los listados de expedientes pendientes» e hizo «caso omiso a las sucesivas advertencias del tesorero municipal» para paralizar «de forma sistemática» la tramitación «hasta que transcurrían los plazos de caducidad».