La Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) cuando era ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, rebautizada por sus detractores como 'ley mordaza', seguirá vigente tras cinco años de intentos fallidos de reformarla, primero en la corta legislatura tras la moción de censura de 2018 y después, tras repetirse las elecciones, con una iniciativa que registró el PNV en 2020.
El 30 de diciembre de 2019, el pacto para un Gobierno de coalición «progresista» sellado entre los líderes de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, incluyó el compromiso de sustituir en esta legislatura la 'ley mordaza' por una nueva norma que tenía que «garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica».
Semanas después, el PNV registró la iniciativa sobre la que han trabajado durante tres años los dos partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y sus socios de investidura, especialmente EH Bildu y ERC. El pasado mes de febrero, este último grupo facilitó que el dictamen de reforma se sometiera a votación de la Comisión de Interior, pero las negociaciones y llamadas a la responsabilidad de unos y otros no han bastado para que los socios de investidura sellaran un acuerdo.
La proposición de ley ha decaído este martes, 14 de marzo, al ser rechazada en la Comisión de Interior y sin poder ser elevada al Pleno del Congreso, por las diferencias insalvables en varios puntos, sobre todo en lo que respecta al deseo de ERC y EH Bildu de eliminar las pelotas de goma y poner fin a las devoluciones en frontera. El Gobierno entiende que estas dos cuestionen no pueden ser abordadas en la 'ley mordaza' sino en protocolos policiales internos y en una futura reforma de la ley de extranjería.
Los socios independentistas añadieron otros dos escollos relativos a incorporar una «mayor objetivación» para las multas por desobediencia y faltas de respeto a los policías, para evitar la discrecionalidad. En estos dos puntos ha habido avances en los últimos meses y desde el Gobierno ya lo consideraban suficiente.
Primer intento, tras la moción de censura
El primer intento de acabar con la Ley aprobada por el PP tuvo lugar tras la moción de censura que llevó al Gobierno a Pedro Sánchez. El PSOE abogaba por derogar la 'ley mordaza' por completo, siguiendo la estela de lo que defendían en la oposición, pero ello planteaba problemas jurídicos porque podría suponer la vuelta a la legislación anterior, la del Gobierno socialista de 1992, conocida como la de la 'patada en la puerta'.
Finamente se optó por una reforma, también a instancias del PNV, y en ella se estuvo trabajando meses pero no pudo prosperar porque se disolvieron las Cortes en 2019 para convocar elecciones generales en abril y después de nuevo en noviembre por falta de acuerdo de Gobierno. En enero de 2020 el PNV volvió a la carga registrando su propuesta de reforma de la ley orgánica de Fernández Díaz y ese texto fue tomado en consideración en el Pleno del Congreso en septiembre de 2020 por una abrumadora mayoría de 203 votos a favor --sólo lo rechazó PP y Vox--.
El plazo de enmiendas se abrió en octubre de ese 2020, pero después la tramitación se congeló con más de un año de prórrogas semanales, hasta noviembre de 2021. Y fue entonces, a finales de 2021, cuando se reunió por primera vez a puerta cerrada la ponencia de la Comisión de Interior buscando un consenso para cambiar la 'ley mordaza'. Como las posiciones estaban muy alejadas, se optó por encuentros discretos entre los partidos partidarios de la reforma.
Esas negociaciones alumbraron un texto que sumó al PSOE, Unidas Podemos y PNV, que esperaban que lo avanzado sobre los puntos conflictivos compensara lo que había quedado encallado, pero finalmente el 'no' de ERC y EH Bildu ha tumbado la iniciativa, poniendo fin a cinco años de intentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar la 'ley mordaza'.
Multas durante la pandemia de Covid
Durante todo este tiempo, la 'ley mordaza' ha seguido en vigor e incluso fue muy utilizada por el Gobierno de Pedro Sánchez cuando en marzo de 2020 --justo hace tres años-- se decretó el estado de alarma por la pandemia de Covid-19. En los meses de mayores restricciones de movilidad se llegaron a imponer más de un millón de multas ante los incumplimientos detectados por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Esta reforma ha generado manifestaciones de signo contrario. Por un lado, diferentes plataformas civiles han venido reclamando la derogación de la ley del PP y, por otro, Madrid ha sido escenario de dos manifestaciones de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, una el 27 de noviembre de 2021 y otra el pasado 4 de marzo, mostrando el rechazo a la reforma al entender que los «desprotegía» en sus funciones diarias.
Y ha dado tiempo a pronunciamientos judiciales. En noviembre de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional determinó que la ley es constitucional en todos sus puntos, incluido las devoluciones en frontera de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla -siempre que se respeten las garantías legales-.
Aval del TC
El único punto que no avaló fue el que sancionaba las grabaciones «no autorizadas» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, motivo que ha sido tenido en cuenta en la actual propuesta de reforma de la norma. La sentencia no fue apoyada por los magistrados Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Constitucional, y María Luisa Balaguer.
Los magistrados tuvieron en cuenta la resolución dada a conocer el meses antes por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la que 17 magistrados de este órgano dieron la vuelta a la sentencia emitida por la propia Corte de Estrasburgo en octubre de 2017, cuando se condenó a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014.