El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). No obstante, propone un indulto parcial para la condenada. La sentencia, consultada por Europa Press, la condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental y también le impone una multa de 36.080 euros.
El tribunal propone un indulto parcial para Borràs que rebaje a la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel. Una magistrada del tribunal ha añadido un voto particular en el que considera que Borrás no cometió falsedad documental sino que solo la indujo, por lo que cree que no debería ser condenada a más de 21 meses de prisión, y sostiene que la inhabilitación que se le aplique debe afectar solo a cargos con facultad de contratación.
El beneficiario de los contratos, Isaías H., que en el juicio confesó, ha quedado absuelto de prevaricación y condenado por falsedad documental a dos años de cárcel, multa de 2.100 euros e inhabilitación para contratar con las administraciones públicas durante un año y siete meses. Andreu P., que lo ayudó a preparar presupuestos y también confesó, está igualmente absuelto de prevaricación y condenado por falsedad documental a un año y dos meses de prisión, multa de 2.250 euros e inhabilitación para contratar con las administraciones públicas durante un año.
A raíz de la noticia, Ciudadanos ha anunciado este jueves que de manera «inminente» se dirigirá a la Junta Electoral Central (JEC) para que ordene a la Mesa del Parlament la retirada del acta de diputada a la presidenta suspendida de la cámara catalana, iniciativa que también contemplan el PPC y Vox. Así han reaccionado, en ruedas de prensa en el Parlament, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya condenado a Borràs a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, si bien ha propuesto su indulto parcial para que pueda evitar la prisión.
La primera formación en acudir a la JEC será Ciudadanos, que según ha explicado el presidente de su grupo en el Parlament, Carlos Carrizosa, presentará hoy mismo un escrito a la Junta Electoral para que ordene a la Mesa que retire el acta de diputada a Borràs, a quien ha bautizado irónicamente como «Laurita Perón». CS también registrará inmediatamente un escrito en el Parlament para pedir que le retiren el acta de diputada, sin necesidad de que intervenga la JEC, según ha indicado Carrizosa, que ha reprochado al TSJC su «ayudita» a Borràs al pedir un indulto parcial.
Algo más de margen conceden PPC y Vox, que han advertido de que, si Borràs no renuncia ya a su escaño, acudirán también a la JEC. La portavoz del PP de Cataluña, Lorena Roldán, ha instado a Borràs a renunciar «de manera inmediata» a su escaño y a devolver su acta de diputada tras la sentencia condenatoria del TSJC. Si tras dejar «un plazo prudencial» Borràs sigue sin renunciar a su acta de diputada, el PPC acudirá a la JEC «para que se aplique la normativa», teniendo en cuenta los «precedentes» del expresidente catalán Quim Torra y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, a quienes la JEC ordenó retirar sus escaños tras haber sido condenados.
Sobre la propuesta de indulto parcial del TSJC, ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no tiene ningún reparo a la hora de conceder indultos a los golpistas y reducir las penas a los corruptos». El portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, ha exigido a Borràs que registre «inmediatamente» su renuncia al acta de diputada en cumplimiento del reglamento del Parlament, que «es muy claro» al establecer que «cualquier diputado condenado por corrupción debe dejar» su escaño.
Para Garriga, «sería un auténtico escándalo» que Borràs no renunciase a su escaño, pero, si eso ocurre, Vox emprenderá «todas las medidas pertinentes para que se aplique la ley», en alusión a una hipotética apelación a la JEC. Garriga se ha mostrado en desacuerdo con la propuesta de indulto parcial del TSJC, porque «las sentencias deben cumplirse», por lo que consideraría una «tomadura de pelo» que el Gobierno central le concediese ese indulto, puesto que «los políticos no podemos estar por encima de los ciudadanos». También ha reclamado la convocatoria de un pleno extraordinario para escoger una nueva presidencia y una nueva Mesa del Parlament, en la que Vox pueda contar con un representante.