No habrá ley de familias en vigor, al menos, hasta que pasen las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El Congreso, a iniciativa del PSOE, ha vuelto a extender hasta el próximo miércoles día 10 el plazo para presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, y esa decisión, sumada a los anteriores retrasos, hace virtualmente imposible que la norma termine su tramitación antes de los comicios.
De fondo se encuentra la competición electoral, en la que todos los partidos estarán inmersos en las próximas semanas y para la que Podemos no podrá apuntarse el tanto de ver aprobada una de las leyes estrella del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra. Pero, además, la ley de familias se está viendo retrasada por la discusión dentro del Gobierno sobre cómo abordar una de las modificaciones que se dan por seguras con respecto al texto inicial que salió del Consejo de Ministros: el rediseño del permiso de ocho semanas para los padres de hijos de hasta ocho años para que sea remunerado, al menos en parte.
Esta posibilidad llevaba barajándose desde que, a finales de marzo, el Gobierno envió el proyecto de ley al Congreso, y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, dio por hecho a principios de abril que el permiso sería retribuido. Otras fuentes gubernamentales consultadas confirman esa información y explican que el ala socialista del Ejecutivo -Unidas Podemos sí quería desde el principio que el permiso fuera remunerado- tampoco tiene demasiadas alternativas: la directiva europea que obliga a los Estados a poner en marcha los permisos que recoge el proyecto de ley de familias deja claro que los padres que disfruten de esa baja no pueden quedarse sin ningún tipo de remuneración.
Así lo señalaba, de hecho, el Consejo de Estado en uno de sus últimos informes destinados al Gobierno analizando la norma, en el que llamaba la atención sobre las disposiciones de la directiva europea y argumentaba, a su vez, que "la incorporación expresa del derecho del trabajador o trabajadora a prestación económica puede ser la vía para garantizar el ejercicio adecuado de este derecho, evitando situaciones de desprotección, de un uso del mismo que penalice la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, o de posibles comportamientos abusivos del derecho, que distorsionarían la finalidad de la directiva".
No obstante, la legislación europea, que sí deja claro que el permiso deberá remunerarse de alguna manera, da completa libertad a los Estados para que fijen su modelo. La directiva, en concreto, se limita a asegurar que cada país de la UE "definirá dicha remuneración o prestación económica, y lo hará de manera que se facilite el que ambos progenitores puedan disfrutar el permiso parental". Ni una palabra más.
Esa es la clave de la discusión en la que se encuentra ahora inmerso el Gobierno: hasta dónde debe alcanzar la retribución del permiso de ocho semanas para los padres de niños de hasta ocho años y quién debe hacerse cargo de pagarla. Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones explican que, en este caso, el debate no es tanto entre PSOE y Unidas Podemos -ya que parece asumido en todas las alas del Ejecutivo que el permiso no puede dejarse como está, es decir, sin remuneración-, sino entre los ministerios de Economía y Hacienda.
Que eso sea así es lógico, dado que una de las incógnitas a desvelar del diseño final del permiso es quién pagará el dinero que corresponda a los padres que se ausenten durante un máximo de ocho semanas de su trabajo para cuidar de sus hijos. Básicamente, caben dos opciones: que sea el Estado el que asuma la carga (es decir, el Ministerio de Hacienda), o que sean las empresas las que sigan pagando la totalidad o una parte de su salario al trabajador. No obstante, consultados por 20minutos, los dos departamentos rechazan ofrecer información sobre las conversaciones.
Una tramitación que no parece complicada
Sea cual sea el diseño final que se pacte, tendrán que ser los grupos parlamentarios del Congreso los que lo introduzcan en el proyecto de ley a través de enmiendas. En principio, la norma debería salir adelante en los próximos meses sin demasiados problemas, dado que los socios habituales del Gobierno han mostrado su disposición a apoyarla y la han elogiado públicamente. No obstante, que se haya extendido en varias ocasiones el plazo de enmiendas ha empezado a generar recelos entre algunos aliados como el PNV, cuyo portavoz parlamentario, Aitor Esteban, denunció hace unas semanas las maniobras para dilatar la tramitación del texto.
Más allá del de ocho semanas, la ley reconocerá, cuando se apruebe definitivamente, otros dos permisos. Uno, retribuido y de cinco días al año, se podrá utilizar en caso de que un familiar de hasta segundo grado o un conviviente haya sufrido un accidente, padezca una enfermedad grave, haya sido hospitalizado o sometido a una intervención quirúrgica. El segundo, por su parte, podrá ser de hasta cuatro días al año por motivos urgentes e imprevisibles, y servirá para cuando, por ejemplo, una madre tenga que abandonar su puesto de trabajo para ir a buscar a su hijo enfermo al colegio.