España activa a partir de este lunes el plan preventivo por altas temperaturas que ha actualizado, por provincias, los umbrales a partir de los cuales el exceso de calor dispara el riesgo para la salud y la mortalidad asociada, y que van de los 26 grados en Asturias a los 41,5 en Córdoba. Por cada grado que la temperatura ambiente supera esos picos, recuerda el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas Sobre la Salud de 2023 del Ministerio de Sanidad que hoy entra en vigor, el riesgo de mortalidad atribuible al exceso de calor crece entre un 9,1 % y un 10,7 %.
Es decir, por cada día de calor extremo, la mortalidad se incrementa, de media, en 3 defunciones al día. «La asociación entre altas temperaturas e incrementos en la morbimortalidad es muy robusta», tanto que «se ha demostrado que las temperaturas extremadamente altas inciden directamente sobre la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias», enfatiza.
Umbrales adaptados al territorio
Así, y teniendo en cuenta la gran variabilidad del territorio, la Dirección General de Salud Pública ha puesto al día los umbrales de riesgo, reservando los más altos a las capitales andaluzas (que van de los 35 grados de Almería y los 37,2 de Málaga a los 40,5 de Sevilla y a los 41,5 en Córdoba, el umbral más alto de toda España), extremeñas (37 en Cáceres y 41 en Badajoz) y la murciana (38,8).
En Castilla-La Mancha, se mueven entre los 36 de Cuenca y los 38 de Toledo y Ciudad Real; en Aragón, el umbral máximo lo tiene Zaragoza (38) frente a los 36,7 de Teruel y los 34,5 de Huesca y en Cataluña, Lleida tiene el mayor valor (37,9) y Barcelona el más bajo (31).
Madrid tiene establecidos 36 grados como tope, La Rioja 34,5 y Navarra, 34; en Galicia se da la mayor variabilidad, con 27,5 en Coruña pero 37,4 en Ourense; en Castilla y León, el umbral de riesgo es de 37 grados en Zamora, 36 en Valladolid y 35 en Salamanca, que desciende a valores que rondan los 33 en el resto.
Los mismos 33 grados o poco más están fijados para Araba y Bizkaia, Las Palmas, Baleares, Ceuta y Melilla, y unas décimas menos en Alicante y Castellón. Los valores más bajos los tienen Cantabria (26,5) y Asturias (26).
Es el segundo año consecutivo que se adelanta un plan que, desde que se puso en marcha en 2004, habitualmente se activaba el 1 de junio; a partir de ahora, y con carácter general, se prolongará del 16 de mayo al 30 de septiembre, aunque con la posibilidad de anticiparlo o retrasarlo 15 días (del 1 al 15 mayo y de 1 al 15 octubre, respectivamente).
Funciona así: cada día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) proporciona las temperaturas máximas y mínimas esperadas para la jornada en cada provincia y las predicciones para los cinco días siguientes; según el número de días en los que se supere el umbral, un algoritmo, que también tiene en cuenta factores de riesgo específicos de cada provincia, asigna un nivel de alerta.
Que son el nivel 0 (verde), de ausencia de riesgo; el nivel 1 (amarillo), de bajo riesgo; el nivel 2 (naranja), de riesgo medio, y el 3 (rojo), de alto riesgo. Cada uno tiene una serie de medidas aparejadas.
Planes por comunidad
Con esta base, y paralelamente, las comunidades han ido adaptando sus propias medidas, que algunas anticiparon hace ya semanas coincidiendo con el anómalo episodio de calor registrado este mes de abril, como Cataluña, que las adelantó el 27 del mes pasado, o Andalucía, que hizo lo propio para la Feria de Abril.
Madrid, que en su plan de actuaciones contempla adaptar el horario de los centros educativos y la vigilancia específica de la correcta climatización en recintos de atención social o sanitaria, abrió el viernes sus primeras diecisiete piscinas, mientras que Extremadura ha esperado a hoy para implementar las suyas.
Al margen del plan que cada año pone en marcha Sanidad, para este 2023 otros departamentos también han tomado cartas en el asunto, como Trabajo, que desde ayer ha vetado desarrollar determinadas labores durante algunas horas del día cuando haya alertas por altas temperaturas.
Mientras, el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades trabajan en la puesta en marcha de un «escudo climático» con medidas para residencias y otros centros que protejan a las personas más vulnerables de las situaciones de calor extremo, como son los mayores, además de niños, embarazadas y personas con algunas patologías.