Los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia empiezan este lunes su huelga indefinida para exigir mejoras salariales y laborales, mientras que jueces y fiscales firmarán este martes su acuerdo de subida retributiva de unos 450 euros brutos al mes.
Tras más de un mes de movilizaciones puntuales que ha supuesto la suspensión de medio millón de juicios y la paralización de más de 30 millones de actuaciones judiciales, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT llaman ahora a la huelga indefinida a 45.000 funcionarios, el 93 % de la plantilla de juzgados y tribunales, para aumentar su presión sobre el Gobierno.
Son en su mayoría trabajadores de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, pero también médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y reclaman una propuesta económica «suficiente» y un «papel esencial en cualquier reforma de la administración de Justicia» como la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
«Somos quienes hacemos el trabajo que otros cobran», asegura el comité de huelga, que pide «reconocimiento» y «respeto».
Entre acusaciones de «clasismo» al Ministerio de Justicia, los representantes sindicales consideran «insultante» que un Gobierno que se dice progresista y socialista trate de forma «desigual» a los trabajadores que menos cobran, tras haber alcanzado en marzo un acuerdo de subida retributiva de hasta 450 euros brutos al mes con los letrados de la administración de Justicia y haber hecho lo propio con jueces y fiscales, a punto de firmar su pacto.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre la judicatura y de tendencia conservadora, será la única que no firmará el martes el acuerdo al que han llegado el resto de las asociaciones con el Gobierno y del que se beneficiará toda la carrera judicial y fiscal por considerarlo «insuficiente, indigno e inaceptable».
«Era 'de cajón' que el acuerdo con el comité de huelga de letrados cerraba en falso un conflicto en la administración de Justicia», resumen los sindicatos de funcionarios de juzgados y tribunales, que argumentan que no había «ninguna duda» de que, una vez resuelto aquel primer frente, el resto del personal de la oficina judicial iba a movilizarse también por sus reivindicaciones.