El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha decidido proponer a su predecesora en el cargo Dolores Delgado para la nueva plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática pese al posicionamiento en contra del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General, pero no vinculante.
Otra de las nuevas plazas en liza era la de Fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, para la que el fiscal general ha designado a Miguel Ángel Aguilar, hasta ahora adscrito a la Fiscalía de Barcelona. Tanto los seis vocales de la Asociación de Fiscales, de carácter conservador y mayoritaria en el consejo, como el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han mostrado en contra del nombramiento de Delgado y han decidido no participar ni en la votación ni en el debate, según han informado a EFE fuentes presentes en la reunión.
Los tres vocales natos del Consejo Fiscal -entre ellos el fiscal general- han votado por la candidatura de Delgado, así como uno de la Unión Progresista de Fiscales; mientras que el segundo vocal con que cuenta esta asociación se ha decantado por otro de los candidatos, Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa y que también aspiraba a la plaza de fiscal especializado en delitos de odio.
Han sido por tanto cuatro votos a favor de Delgado, uno a favor de otro candidato y siete abstenciones, ya que los seis vocales de la Asociación de Fiscales, que llegó a pedir la dimisión de García Ortiz por «maniobrar» para nombrar al Delgado una vez convocadas las elecciones, y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), han optado por no participar en las votaciones.
El vocal de APIF, Salvador Viada, presidente de dicha asociación, se ha opuesto estos días al nombramiento señalando el conflicto de intereses que suponen las actividades jurídicas de la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, con este cargo. Esta posición, que trasladó en una carta al fiscal general, ha motivado que Delgado le haya recusado por «enemistad manifiesta» para impedir que interviniera en su nombramiento.
En su escrito de recusación, al que ha tenido acceso EFE, apunta a la «pública y notoria animadversión hacia mi persona» de Viada, quien estos últimos tres años «ha realizado múltiples manifestaciones difamatorias» en diversos medios «en términos que han excedido la crítica profesional, social o de otra índole que pudiera considerarse admisible en un Estado social y democrático de Derecho». El escrito adjunta esas intervenciones de Viada como «una breve muestra del tono y contenido de las descalificaciones» que este vocal «ha venido realizando recurrentemente».
Ha lamentado así que Viada, quien siempre se ha mostrado crítico por la decisión de Delgado de no renovar al fiscal Ignacio Stampa en la Fiscalía Anticorrupción cuando se estaba haciendo cargo del caso Villarejo, haya procedido «a publicitar falsedades y continuas provocaciones» hacia ella. Como motivo de esa enemistad manifiesta y de esa «pérdida de imparcialidad» que alega, Delgado alude a la decisión que tomó en su día con respecto a Viada y su esposa, la fiscal anticorrupción Teresa Gálvez, que aspiraba a la Jefatura de esa Fiscalía, que volvió a quedar en manos de Alejandro Luzón, quien renovó así su cargo.
En esta misma reunión se ha decidido la provisión de otras plazas: una en la Fiscalía Antidroga, para la que el fiscal general propondrá a Rosa María Frías, así como las de fiscal superior de Navarra y de las Islas Baleares, que han recaído respectivamente en los fiscales Jaime Goyena Huerta y Julio Cano Antón. También las de fiscal jefe provincial de Guadalajara, Valladolid y Pontevedra y la de teniente fiscal de Cataluña, que han quedado en manos de Rocío de la Paz Rojo Anguix, Soledad Martín Nájera, Pablo Varela Castejón y Pedro Javier Ariche Aspe, respectivamente.