Algunos de los comparecientes en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley para regular los regadíos en el entorno de Doñana han defendido esta norma como un mecanismo para «corregir injusticias» que el Plan de la Fresa, aprobado en 2014, ocasionó a numerosos agricultores. Juan Manuel Ponce García, ingeniero agrónomo y ejecutivo de CERES Agroforestal SL., ha defendido dicha normativa porque «trata de corregir» la situación «de entre 700-850 hectáreas» para cuyo riego «van a ser necesarios no más de 5 hm³ y es superficial, pues será de trasvase».
Por tanto, considera que «lejos de dañar el acuífero le va a aportar algo de agua, ya que siempre un porcentaje de esta agua va al suelo, al acuífero y arroyos, es decir, un 8-10 por ciento de la recarga de los acuíferos que procede de sobrantes de riego».
Ponce ha explicado que en Huelva hay 50.000 hectáreas de regadíos aprobadas en sus planes hidrológicos: «Son unos 250 hm³ y aquí hablamos de 5 hm³ en el peor de los casos, es ridículo para la que se está montando», ha sentenciado, a la vez que ha destacado que la provincia «tiene 1500 hm³ en capacidad de embalse aparte del Bocachanza y el río Guadiana y actualmente hay 40 hm³ de depuradoras que no se están usando, algo más de 24 hm³ en las que están más cerca de Doñana: Punta Umbría-Aljaraque, Huelva y Mazagón».
«¿Realmente esos 5 hm³ es el problema de Doñana?», se ha preguntado, tras lo que ha recordado que «desde hace muchos años el Guadiamar, que aportaba 200 hm³ a Doñana, se desvió y desde la aprobación del proyecto Doñana 2005 se han hecho una serie de mejoras pero quedan las más importantes: recuperar el caño Guadiamar y el Brazo de la Torre», algo que cree que tiene «fácil solución técnica».
Previamente, el exdirector técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Juan Saura, ya jubilado, ha explicado que en 2027 el acuífero de Doñana tendrá 36 hm³ menos, «un problemón», por lo que ha instado a promover una política de Estado «más amplia» que el debate actual sobre si incorporar 800 hectáreas de regadío o no, que suponen 5 hm³. Ha defendido que la forma «más sencilla» y rápida para llevar agua a Doñana es un trasvase desde el río Guadiana para dotar al acuífero de lo necesario, además de ver después «caso a caso» los regadíos.
Saura ha opinado que el Gobierno central y la Junta deben establecer un esquema de colaboración conjunto similar al que se puso en marcha tras el vertido de Aznalcóllar. Por su parte, Javier Domínguez Rodríguez, especialista en empresas del sector agroalimentario, se ha referido al Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa y aprobado en 2014, para lamentar sus efectos «indeseables» pues «dejó en situación de alegalidad explotaciones por la que agricultores llevaban años luchando».
Ha criticado, además, la arbitrariedad al elegir el año de «la foto fija» sobre la que se basó dicho plan, de 2004, «en vez de la de 2013 o 2014 cuando se aprobó», algo en lo que «tampoco hubo consenso como se demostró con las miles de alegaciones en el período de información pública del plan, no respondidas, y tras su aprobación en 2014, cientos de recursos jurisdiccionales ante los tribunales».
También ha comparecido Javier Gutiérrez Padilla, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que sufre de primera mano los efectos de la Plan de la Fresa, ya que «una foto de 2004 dejó fuera de zona de regadío una finca familiar que venía plantando desde 1986». «Esas injusticias que se crearon con el Plan de la Fresa es la que desde la plataforma pedimos que se cambien. Todos (por los partidos políticos) habéis reconocido que hay injusticias, no sé por qué se da tantas vueltas con la proposición de ley cuando solo reconoce tierra como regables y se regará cuando llegue agua superficial», ha clamado.