La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido este martes ser «plenamente consciente» de que el debate sobre la Ley Trans ha supuesto «toneladas de odio» hacia las personas del colectivo por parte de «quienes niegan» su identidad y de «quienes niegan sus derechos». En rueda de prensa para la presentación del estudio de UGT 'Hacia centros de trabajo inclusivos', la ministra ha celebrado que la norma esté ya en el BOE, pero ha asegurado que no se le olvida la situación de odio vivida en los meses de debate de la norma trans y lo que esta ha podido afectar a las vidas, trabajos, alquileres o familias de las personas LGTBI.
Montero ha señalado que aunque estos discursos contrarios al colectivo se estén mostrando ahora «con mucha fuerza», «son más» las personas que creen que España es «un país mejor cuando los derechos de todos están plenamente garantizados». En este sentido, ha señalado el trabajo de personas «LGTBI y mariliendres que les acompañan en esta lucha» para hacer «viable» la implementación de la ley y que se «acabe la discriminación» del colectivo en todos los ámbitos.
La titular de Igualdad ha destacado del estudio el hecho de que la violencia contra las personas trans y no binarias haya aumentado «un 20 %» con respecto a los datos que UGT presentó en 2020, o que solo el 25 % de personas del colectivo que sufren una agresión física denuncie.
«Estos datos muestran con mucha dureza la necesidad de no quedarnos calladas», ha apuntado, antes de llamar a luchar contra el «silencio» y la «pasividad» frente a estos ataques y ante quieren que la sociedad «retroceda años». Y es que, para Montero, el derecho a que una persona no sea discriminada por su orientación o su identidad de género es «tan del comer» como el salario mínimo digno, las condiciones laborales dignas o la seguridad laboral.
«La LGTBIfobia es un problema de salud laboral», ha apuntado. Durante el acto, el coordinador LGTBI de UGT, Toño Abad, ha destacado los principales datos del estudio, que se ha elaborado encuestando a más de 2.400 personas trabajadoras en el sector público y privado, en la misma proporción, de las cuales, en torno a 1.000 pertenecen al colectivo LGTBI.
Abad, ha señalado que la mitad de las personas LGTBI encuestadas creen que su orientación o identidad sexual en el trabajo perjudica su carrera laboral o les lleva a sufrir discriminación por la «imagen estereotipada» del colectivo y esto lleva a un 40 % de ellos a esconderla en el ámbito laboral para evitar estas situaciones. En este sentido, ha advertido de las consecuencias negativas de esta situación más allá de las relacionadas con la salud mental de la persona, como la «pérdida de derechos» laborales, como pueden ser los permisos retribuidos por matrimonio, bajas por acompañamiento al cónyuge en una enfermedad o la propia exclusión de la socialización en el trabajo, al evitar hablar de su vida privada.
Debido a esta situación, un 20% reconoce haber sufrido ansiedad o trastornos músculo-esqueléticos. Los motivos para recurrir a este «regreso al armario» son en muchos casos la violencia, según ha apuntado Abad. De hecho, el informe recoge que el 78 % reconoce haber sido víctima de chistes y rumores sobre su persona y la mitad de ellos (50 %) insultos y descalificaciones.
«Violencias que se repiten en varias ocasiones en un 86 %», ha advertido Abad, para señalar que no se trata de situaciones «puntuales», sino de «conductas acosatorias». Además, un 62% de las personas LGTBI encuestadas aseguran que no han recibido apoyo de sus compañeros durante su denuncia ante una de estas violencias.
De ahí, que el 50 % de las personas LGTBI consultadas consideren que el colectivo no está aceptado socialmente. Una cifra que se eleva al 70 % cuando se pregunta exclusivamente a las personas trans. A juicio de los encuestados, el debate durante la tramitación de la Ley Trans «ha empeorado la situación». De hecho, un 75 % cree que este periodo ha tenido «un impacto negativo en la imagen del colectivo LGTBI y en especial de las personas trans». Este colectivo, ha denunciado de forma específica sus dificultades de acceso al empleo.
En concreto, un 55 % de personas trans aseguran haber sido excluidas de forma directa o indirecta durante una entrevista de trabajo. De ellas, un 15 % apunta a que ha sufrido discriminación de forma directa, cuando entregan una documentación que no ha sido modificada o por su imagen.
Para el representante de UGT la sociedad actual es «irreconocible» cuando «permite que desde las tribunas políticas y fachadas de edificios con lonas infames pagadas con dinero publico, se sitúe a la lucha de las mujeres, las personas LGTBI y otras causas justas y legítimas en la papelera como si fueran desechables». Abad ha criticado «a la derecha que va de moderada» y que, sin embargo, «cabalga a lomos del fascismo y del franquismo» con el objetivo de «borrar los derechos» de las personas LGTBI «desde las autonomías y las entidades locales, allí donde pactan» y ha lamentado que «la única política feminista que proponen es derogar la ley trans».