El Gobierno ha eliminado del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la subida de precios la posibilidad de extender seis meses la vigencia de los contratos de alquiler con los mismos términos y condiciones establecidos en el contrato que tuvieran en vigor.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para prorrogar algunas de las medidas anticrisis que caducan el próximo 30 de junio, entre las que se no se incluye esta prórroga de los contratos de alquiler de 6 meses con las mismas condiciones.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido que la Ley de Vivienda convalidada por las Cortes Generales ya prevé que las personas vulnerables puedan extender en un año la duración de los contratos, «justamente para tener protección».
Eso sí, la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide subidas superiores al 2% está ya extendida hasta el 31 de diciembre de 2023. De hecho, la Ley de Vivienda ya establece ese límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC. Además, se mantienen hasta final de año la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional.
Sobre este asunto, Sumar ha denunciado en bloque la decisión del ala socialista del Gobierno de eliminar la prorroga automática de los alquileres en el decreto de revisión de las ayudas anticrisis aprobado este martes, una medida vigente hasta el 30 de junio que permitía a los inquilinos extender seis meses la vigencia de los contratos los mismos términos y condiciones establecidos en el contrato que tuvieran en vigor.
En el decreto de diciembre se estableció que en ese nuevo contrato prorrogado los arrendadores tenían la obligación de mantener las mismas condiciones del anterior. Sin embargo, el Gobierno ha decidido no renovar esta medida, de manera que los propietarios podrán poner nuevas condiciones y precios al nuevo contrato sin ceñirse al anterior.
Esta caducidad no ha gustado en el área de Sumar. Ya en la víspera del martes la líder de la nueva formación, Yolanda Díaz, señaló que había discrepancias con el PSOE para prorrogar esta medida. A juicio de la todavía vicepresidenta segunda, estas medidas son claves porque lo necesitan «muchas personas que viven con un alquiler». Por su parte, la portavoz de vivienda de Sumar y coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, ha indicado que esta decisión «causará estragos en miles de personas que viven de alquiler». «Indignante es poco», ha apostillado la que también fue candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
También ha dado su opinión el líder de Más País y número 4 por Madrid de Sumar, Íñigo Errejón, quien ve «incomprensible» que el ala socialista del Gobierno «decida priorizar la especulación por encima del derecho a la vivienda». Incluso ha advertido sobre una posible desmovilización del electorado de izquierdas en las elecciones generales del 23 de julio con iniciativas de este tipo.