La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se considere responsables civiles subsidiarias a Repsol y CaixaBank, así como a la administración general del Estado, en la causa que investiga la relación de ambas empresas con el excomisario José Manuel Villarejo, para el que solicita una pena de 40 años de cárcel.
En un escrito fechado el pasado lunes al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide 40 años de cárcel para el excomisario; 32,5 para el que fuera su socio Rafael Redondo; 28 años para el exjefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo; 21 para el que fuera su «número dos», Rafael Girona, y otros 21 años para el exresponsable de Seguridad en CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño.
La Fiscalía atribuye delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares y falsedad en documento mercantil.
Se trata del proyecto «Wine», que investiga la presunta contratación, en 2011 y 2012, de empresas de Villarejo para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex. Según sostiene Anticorrupción, a cuenta de los servicios prestados correspondientes al proyecto Wine, el Grupo Cenyt, cuyo titular real era el encausado José Manuel Villarejo Pérez, por medio del encausado Rafael Redondo Rodríguez, emitió a sus clientes de Repsol y CaixaBank tres facturas, por un importe total de 389.400 euros, que Repsol y CaixaBank pagaron a partes iguales.
Más tarde, en 2014, Repsol acudió en solitario, «sin el concurso de CaixaBank», a contactar con Villarejo, «con pleno conocimiento de que se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía», para la realización de un nuevo encargo, sobre un consejero de la petrolera que se había ausentado de una sesión de la comisión de estrategia para asistir a un partido de fútbol. Por estos servicios, Villarejo emitió una factura de 24.000 euros en concepto de «servicio de información y análisis de seguridad», abonada por Repsol mediante la correspondiente transferencia bancaria.
El ministerio público considera que los acusados deberán indemnizar a Rodrigo Álvarez y Fernando Ramírez con 8.000 euros, cantidades a las que deberían hacer frente de forma subsidiario Repsol, CaixaBank y la administración; asimismo, insta a decomisar los 389.400 euros abonados por Repsol y CaixaBank por la ejecución del proyecto, y los 24.000 abonados por Repsol en 2014.
Por lo que respecta a la responsabilidad civil de las dos empresas, deben responder de los daños que, en su caso, generen sus empleados o exempleados, para lo cual primero estos deben ser condenados, después determinarse si hubo daño y que los condenados no los puedan cubrir. El pasado 31 de enero la sala de lo penal de la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la causa que investigaba la relación entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau; al que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, y a las dos cotizadas como personas jurídicas, al entender que los máximos responsables de las empresas no tuvieron ningún contacto con Cenyt, empresa vinculada al excomisario.