La plataforma Airbnb instó este miércoles al gobierno que surja tras las elecciones del 23 de julio en España a adoptar, durante la actual presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el nuevo reglamento comunitario del alquiler vacacional, propuesto por Bruselas con el objetivo de aumentar la transparencia de las compañías del sector y facilitar a las autoridades el acceso a datos. En un comunicado, la compañía Airbnb se mostró a favor de la nueva regulación comunitaria de los alquileres de corta duración, propuesta en noviembre de 2022 por la Comisión Europea , y celebró que incluya «un marco armonizado» en los Veintisiete para el intercambio de datos entre las administraciones y las plataformas.
A juicio de la responsable de Airbnb de políticas públicas de la UE, Georgina Browes, esto va a permitir que los gobiernos locales tengan la información que necesitan para diseñar normativas y restricciones turísticas «proporcionadas y basadas en datos». «Esperamos que las autoridades locales dispongan de los datos que necesitan para hacer frente a las preocupaciones locales, ya sea en relación con la actividad especulativa o la actividad turística excesiva», afirmó Browes en declaraciones a EFE. Con la nueva normativa propuesta por la Comisión Europea, las plataformas tendrán que enviar a las administraciones una vez al mes y de forma automatizada los datos sobre el número de noches de alquiler registradas en los alojamientos ofertados en webs como Airbnb.
Además, Bruselas quiere que los propietarios de estas residencias especifiquen claramente ante las autoridades quiénes son, cuántas viviendas tienen y en qué lugares, mediante un registro digital creado por las administraciones y con el que se obtendrá un número de identificación para la propiedad registrada. A juicio de Airbnb, esto dará «más claridad a los anfitriones» a la hora de saber qué reglas y procedimientos deben seguir, según dijo Browes, en contraste con la fragmentación normativa y de procedimientos que actualmente existe en cada territorio.
«Dada la naturaleza del turismo en España, donde 8 de cada 10 anfitriones (de Airbnb) sólo tienen una propiedad en alquiler, creemos que esta propuesta puede aclarar las reglas que se les aplican», afirmó la responsable de políticas públicas de la UE de la compañía. En el comunicado, Aribnb defendió este miércoles que los ingresos que la mayoría de propietarios españoles reciben por sus alojamientos puestos en alquiler a través de esta plataforma «se han convertido en un salvavidas económico» para los ciudadanos «de a pie», y destacaron que, mayoritariamente, se trata de familias o individuos que alquilan una segunda residencia o una habitación privada.
Por ello, confían que la nueva normativa incentive el alquiler de más residencias o habitaciones a través de Airbnb, aunque la propuesta de Bruselas también fija, por otra parte, obligaciones para las compañías, como la de verificar de forma aleatoria que los propietarios hayan inscrito sus viviendas en los registros públicos de alquileres vacacionales y que muestran en la web su número identificativo. Si es no sucede, la nueva reglamentación propuesta por la Comisión Europea prevé que las autoridades puedan obligar a las plataformas de alquiler vacacional en línea a eliminar las cuentas de quienes no cumplan con las exigencias.
Sea como sea, Airbnb recalcó el «papel clave» que España jugará, bajo la presidencia del Consejo de la UE, en «la finalización de las negociaciones institucionales» que llevarán a la adopción del texto final del reglamento. La redacción definitiva de la norma será fruto del acuerdo al que lleguen, partiendo de la propuesta de la Comisión Europea, los dos organismos colegisladores de la Unión: el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, el ente que representa a los gobiernos de los países miembros y que ahora preside España de forma rotatoria hasta que termine el año.